Impulsan ley en EE. UU. contra "familias estafadoras"

La senadora republicana Joni Ernst presentó un proyecto de ley destinado a bloquear el acceso a beneficios federales a las personas que convivan con condenados por fraude financiero contra el Estado. La propuesta legislativa tomó como punto de partida la condena de un grupo familiar de California que desvió 18 millones de dólares procedentes de los fondos de ayuda de emergencia durante la pandemia de COVID-19.

La iniciativa, denominada No Cash for Cohabitating Kins of Crooks Act, plantea restringir la entrega de subvenciones, préstamos, reembolsos y asistencias estatales a quienes compartan residencia con personas sentenciadas por este tipo de delitos. La medida contempla excepciones específicas, como los casos de cónyuges que vivan en domicilios separados o aquellas personas que sean víctimas acreditadas de violencia doméstica.

El antecedente central de la propuesta lo encabeza la pareja conformada por Richard Ayvazyan y Marietta Terabelian, quienes junto a otros familiares crearon una red para cobrar asistencias públicas destinadas a sobrellevar la crisis sanitaria. Para concretar el engaño, el grupo recurrió a la usurpación de datos personales pertenecientes a estudiantes extranjeros, adultos mayores y personas fallecidas.

Tras recibir sentencias de prisión por el desvío de los recursos públicos, la pareja evadió la supervisión judicial y se dio a la fuga hacia Montenegro, lugar donde las autoridades lograron su captura definitiva. Actualmente, el líder de la red cumple una condena de 17 años de cárcel en instalaciones federales, mientras que su cónyuge afronta una pena de seis años de prisión.

De acuerdo con las investigaciones promovidas desde la Cámara Alta, este tipo de esquemas familiares se ha repetido en distintas regiones del país, abarcando engaños en sectores agrícolas, programas de asistencia nutricional infantil y subsidios para pequeños comercios. El proyecto parlamentario busca cerrar las brechas legales en la distribución de asistencia pública y limitar la recurrencia de delitos contra el erario federal.