
COQUIMATLÁN, COL.– El Ayuntamiento de Coquimatlán dio inicio formal a una serie de procedimientos administrativos internos dirigidos a deslindar responsabilidades en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
La activación de los protocolos de control interno se derivó de la difusión en plataformas digitales de un registro audiovisual que expone presuntos tratos crueles y el empleo de técnicas de asfixia por sumisión química en contra de un ciudadano que permanecía bajo custodia en las instalaciones policiales.
Trazabilidad del registro digital: El material videográfico comenzó a circular de manera pública en redes sociales durante la noche del martes 23 de junio. Las imágenes revelan el interior de un inmueble que guarda las características de un área de retención o comandancia, identificable por la presencia de rejas metálicas al fondo de la escena.
Mecánica del sometimiento físico: En la grabación se observa a un ciudadano esposado y semidesnudo sobre un asiento, sometido de forma física por dos oficiales uniformados de la corporación local. El registro detalla que los agentes colocaron un paño textil de color negro sobre las vías respiratorias del detenido y, empleando un contenedor de plástico azul, le vertieron agua de forma continua sobre la nariz y boca con el fin de inducir asfixia por ahogamiento, método clasificado internacionalmente como waterboarding.
Variables del entorno perimetral: Durante el desarrollo de la agresión, la víctima muestra signos de obstrucción respiratoria y pérdida de equilibrio en el asiento. La escena muestra asimismo una mesa adyacente con diversos objetos aparentemente decomisados —entre ellos un cinturón, monedas y un billete de 50 pesos—, mientras una tercera persona no identificada realiza la filmación del suceso.
Pronunciamiento de la administración municipal: A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Luis Gerardo García Olivares puntualizó que la administración no mantendrá conductas de omisión ante actos que contravengan la ley o los principios del servicio público, comprometiéndose a actuar bajo criterios de transparencia y apego al marco legal para sancionar las omisiones reglamentarias correspondientes. Al momento, las instancias del municipio no han precisado las condiciones de salud o la identidad del afectado, la temporalidad exacta de la filmación, ni si los agentes implicados en flagrancia fueron suspendidos de manera provisional o si se notificó formalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de la carpeta penal respectiva.



