
CHIHUAHUA, Chih.– El doctor Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que en el marco de las investigaciones federales por delitos contra la seguridad nacional y el ejercicio ilícito del servicio público vinculadas al mega laboratorio clandestino localizado en la Sierra del Pinal, se recabó formalmente la entrevista ministerial en calidad de testigo del exfiscal general del Estado de Chihuahua.
“Fue recabada la entrevista ministerial como testigo del exfiscal general del Estado de Chihuahua, la cual se llevó en las condiciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En dicha diligencia, el testigo entrevistado aportó información relevante para el esclarecimiento de los hechos”
A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la dependencia federal confirmó que el expediente acumula más de 120 diligencias ministeriales desahogadas y alrededor de 60 entrevistas técnicas.
Informes de la corporación estatal: La FGR recibió formalmente por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua carpetas informativas pertinentes a las supuestas actividades desplegadas por agentes extranjeros de forma previa a la ejecución del operativo de aseguramiento en la zona serrana.
Estudios de trazabilidad técnica: Los peritos de la federación ejecutan análisis de inteligencia orientados a establecer conexiones de carácter logístico entre los indicios químicos incautados en el laboratorio de la Sierra del Pinal y los antecedentes de uso y destino de dichos componentes a nivel internacional.
En virtud del volumen histórico de los materiales, reactivos y dispositivos técnicos asegurados en el complejo de la Sierra del Pinal, la FGR precisó que las labores para la destrucción, mitigación de riesgos ambientales y neutralización de la infraestructura continúan ejecutándose de forma ininterrumpida.
Lara López enfatizó de forma categórica que, de acuerdo con el marco normativo y soberano que rige al país, la Fiscalía General de la República es la única institución facultada y encargada de realizar el desmantelamiento legal del sitio, desestimando la intervención de entes externos fuera del orden constitucional.



