
CDMX.- Empresas, industrias y centrales eléctricas en México deberán modificar sus modelos de negocio, renegociar financiamientos y contratos de compra de energía ante las nuevas reglas para migrar permisos de autoabastecimiento. Especialistas advierten que este cambio podría encarecer la electricidad que consumen y generar presiones inflacionarias.
Las compañías de giros como tiendas de autoservicio, centros comerciales, automotrices y alimentarias enfrentarán mayores cargos, sobre todo si sus centrales de generación se ubican lejos de sus centros de operación. Actualmente existen 220 permisos de generación para autoabastecimiento con una capacidad de 8 mil megawatts, otorgados bajo la antigua Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Más de 250 empresas operan como socios autoabastecidos con tarifas preferenciales por interconexión a la red. Esos cargos subirán a más del triple. Algunas centrales ya recuperaron su inversión, pero otras deberán evaluar si migran al esquema de la Ley del Sector Eléctrico o continúan hasta el vencimiento de sus permisos, considerando las obligaciones bancarias de los proyectos
Los grandes consumidores buscarán alternativas en el mercado de suministro calificado, con la expectativa de reducir costos entre 10 y 12 por ciento. Sin embargo, empezarán a pagar cargos por distribución y capacidad que, aunque estaban definidos desde finales de 2017, no se les cobraban.
Estos incrementos se trasladarán a los precios finales de productos y servicios. Víctor Hugo Juárez Cuevas, director de Edge Innovation, señaló que la eliminación del subsidio a las tarifas de interconexión encarecerá productos y generará presiones inflacionarias.
Para muchas empresas se convertirá en una desventaja competitiva, pues debían cumplir metas de energía limpia adquiriendo electricidad de centrales solares o eólicas. La estrategia, afirmó, orienta a los grandes consumidores a migrar a CFE Suministrador Calificado o a comprar a precios más altos en el Mercado Eléctrico Mayorista. Las empresas deberán revisar las cláusulas de sus contratos vigentes para definir cómo enfrentar las nuevas condiciones regulatorias y las posibles acciones jurídicas.



