
CIUDAD DE MÉXICO.— Las agencias de seguridad y dependencias financieras de Estados Unidos han concentrado sus esfuerzos operativos contra el Cártel del Noreste (CDN), luego de que el presidente Donald Trump designara a esta escisión de Los Zetas como organización terrorista en febrero de 2025. La estrategia busca desmantelar la estructura financiera y descabezar el liderazgo del grupo criminal que opera principalmente en la frontera con Texas.
Esta ofensiva cobró fuerza tras el debilitamiento de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). Como parte de las acciones más severas, se concretó la extradición a territorio estadounidense de los hermanos Miguel Ángel ("Z-40") y Óscar Omar Treviño Morales ("Z-42"), quienes permanecían bajo custodia en México desde hace más de una década.
Sanciones financieras y mandos en la mira
El Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó en su lista negra a más de una docena de operadores clave, bloqueando sus bienes y prohibiendo transacciones comerciales con ellos. Entre los sancionados destacan:
Abdón Federico Rodríguez García ("Cucho"): Identificado como segundo al mando, coordinador del tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y robo de combustible.
Antonio Romero Sánchez: Jefe de plaza en Piedras Negras, Coahuila, y Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Francisco Daniel Esqueda Nieto ("Franky Esqueda"): Encargado del ala táctica y operativa.
Ricardo González Sauceda y Miguel Ángel de Anda Ledezma: Identificados como lugarteniente de alto rango y brazo armado, respectivamente.
Bloqueo a red de lavado en Tamaulipas
La presión financiera se extendió recientemente al sector comercial y legal. El pasado mes de abril, la OFAC aplicó sanciones directas contra dos casinos ubicados en Nuevo Laredo y Tampico, Tamaulipas, los cuales presuntamente operaban como fachadas para el blanqueo de capitales del CDN.
Asimismo, se congelaron las cuentas de Eduardo Javier Islas Valdez ("Crosty"), señalado por tráfico de migrantes en la "frontera chica"; Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor del "Z-40"; y Raymundo Ramos Vázquez, activista de derechos humanos vinculado formalmente por las autoridades estadounidenses a la red de protección de la organización criminal.



