Detienen a padre por vender a hija de 12 años

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIS.– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas cumplimentó de forma oficial las órdenes de aprehensión en contra de dos civiles presuntamente involucrados en un caso de cohabitación forzada en agravio de una adolescente de 12 años de edad. 

La intervención de la representación social constituye el primer procedimiento penal que se ejecuta bajo el amparo de las recientes adecuaciones normativas locales diseñadas para sancionar la entrega de menores de edad bajo justificaciones de regímenes tradicionales o comunitarios.

Mecánica de los hechos investigados: Las indagatorias ministeriales señalan que Andrés "N", de oficio agricultor, presuntamente acordó la entrega de su hija de 12 años a cambio de una retribución económica fijada en 25 mil pesos. Tras el pacto, la adolescente fue obligada a cohabitar durante el periodo de un mes con un adulto de 31 años de edad en la región de los Altos de Chiapas.

Activación de los canales de denuncia: El proceso penal se inició formalmente a partir de la comparecencia y denuncia presentada por la madre de la menor, quien se desempeña en el ramo artesanal de la región. El operativo de captura desplegado por los agentes de investigación derivó en el aseguramiento tanto del progenitor como del individuo con quien cohabitaba la víctima.

Perfil de la localidad de incidencia: El suceso se registró en la periferia de la comunidad indígena de Tres Puentes, un polígono habitacional tzotzil localizado a una distancia aproximada de 10 minutos de la cabecera municipal de San Andrés Larrainzar. El asentamiento cuenta con un censo estimado de 350 habitantes, cuya economía se basa en la siembra estacional de maíz, frijol, café y la confección de textiles artesanales.

Sustento del tipo penal: La reforma en materia de cohabitación forzada fue aprobada el 31 de enero de este año por el Congreso del Estado de Chiapas, bajo la coordinación de la comisión presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza. Dicha modificación normativa se integró al Código Penal local con el objetivo específico de erradicar los arreglos conyugales infantiles y los procesos de entrega de infantes bajo la cobertura de usos y costumbres locales.

Postura de la representación social: El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, precisó que Chiapas es la primera entidad federativa en incorporar formalmente esta tipicidad específica en su legislación penal. El funcionario enfatizó que la instrucción institucional es actuar con un criterio implacable ante estos hechos debido al índice regional de embarazo infantil, puntualizando de manera estricta que las prácticas tradicionales y los usos y costumbres comunitarios no se encuentran por encima de los derechos humanos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.