
CIUDAD DE MÉXICO.– La Fiscalía General de la República (FGR) coordinó un operativo interestatal que resultó en el desmantelamiento de la organización delictiva denominada "El Caballito", estructura corporativa acusada de operar operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de comprobantes fiscales a gran escala. A través del despliegue de 440 elementos federales, las autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión contra ocho presuntos integrantes del grupo e intervinieron de forma simultánea decenas de inmuebles vinculados a empresas fachada.
De acuerdo con el informe oficial de la institución, la red criminal utilizaba un entramado de 15 empresas y asociaciones civiles distribuidas en 11 entidades del país para reducir de forma artificial la carga impositiva de sus clientes.
El desglose analítico de los operativos de campo y los inventarios físicos desarrollados por los agentes ministeriales detalla las siguientes variables cuantitativas:
Cumplimentación de mandamientos judiciales: El Fiscal Especial en investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, confirmó la detención de Maikol "N" y Salvador "N" (identificados como supuestos directores de la red), así como de Laura Belén "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N" durante las intervenciones.
Aseguramiento de bienes y capitales: Al cierre de las incursiones periciales de este viernes de 2026, la FGR reportó el aseguramiento precautorio de 11 domicilios, 14 vehículos automotores, dos motocicletas y un fondo en efectivo integrado por diversas monedas internacionales, entre las que destacan 1 millón 990 mil 550 pesos mexicanos, 17 mil 945 dólares estadounidenses, 106 mil yenes japoneses, 1 mil 700 libras esterlinas, 1 mil 570 euros, 370 soles peruanos y 10 mil 50 coronas danesas.
Las unidades de auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) validaron las trazas de transacciones.
Las labores de inteligencia criminal permitieron establecer que la organización operaba despachos de asesoría que ofertaban servicios de supuesta "ingeniería fiscal". El mecanismo consistía en utilizar firmas legalmente constituidas para emitir facturas por conceptos y operaciones inexistentes, creando en paralelo empresas pantalla —con domicilios fiscales concentrados en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo— encargadas de captar los flujos monetarios.
Posteriormente, las sociedades facturadoras redistribuían los recursos hacia las cuentas de los propietarios de las empresas beneficiadas mediante conceptos ajenos a la realidad comercial, omitiendo las contribuciones respectivas correspondientes al ejercicio fiscal de este año 2026. Este circuito cerrado no solo permitía ocultar el origen de los recursos y disminuir el pago tributario, sino que generaba un detrimento sistemático en contra de la hacienda pública, variables que ya son procesadas por el Ministerio Público de la Federación con el fin de resolver la situación jurídica de los indiciados.



