Denuncian censura al exigir justicia por feminicidio

HIDALGO DEL PARRAL, Chih.– La ciudadana Marcela Torres denunció públicamente ser objeto de un presunto intento de censura y del uso desproporcionado del aparato judicial con el fin de inhibir su exigencia de justicia en torno al feminicidio de la maestra Lucero. La afectada compareció de forma personal ante las instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) en la capital del estado, luego de recibir una notificación oficial sobre un procedimiento sancionador iniciado en su contra por la presunta comisión de violencia política en razón de género.

De acuerdo con las declaraciones de la denunciante, esta acción legal deriva de la difusión de un material audiovisual en plataformas digitales donde demandaba el esclarecimiento del crimen de la docente, acusando que la queja penal y electoral fue promovida directamente por una Juez de Género del Distrito Hidalgo.

Origen del conflicto legal y señalamientos al actuar jurisdiccional

El desglose de los argumentos vertidos por la activista y las variables normativas que rigen los esquemas de protección y libertad de expresión en la entidad detalla las siguientes incidencias:

Vinculación del antecedente: El origen de la inconformidad social radica en que la juzgadora que interpuso la denuncia civil fue señalada previamente en la opinión pública por ordenar la liberación de la pareja sentimental de la maestra Lucero; sujeto que, días posteriores a abandonar el centro penitenciario, perpetró el feminicidio de la docente en el municipio de Parral.

Argumentación de la defensa: Torres precisó que en los pronunciamientos emitidos en sus redes sociales jamás hizo mención explícita del nombre de la operadora jurídica ni exhibió su fotografía, razón por la cual sostiene que la acusación de violencia de género carece de sustento jurídico y únicamente busca silenciar la movilización social.

Acusaciones de irregularidad procedimental y solicitud de intervención

Frente a la sede del organismo electoral, la activista calificó las actuaciones como un acto manifiesto de intimidación institucional. Asimismo, denunció que las células de notificación del instituto han incurrido en graves anomalías dentro de su expediente, asegurando que se detectó la presunta falsificación de firmas en los reportes de entrega correspondientes a las actas domiciliarias en la ciudad de Parral.

Ante este escenario, Marcela Torres solicitó formalmente la intervención urgente del Tribunal Estatal Electoral (TEE) y del propio Consejo General del IEE para visibilizar lo que denominó una cadena de violencia institucional orientada a frenar los reclamos civiles. La afectada advirtió que, en caso de que las autoridades electorales omitan subsanar las irregularidades procesales, procederá a la presentación pública de pruebas documentales y fragmentos de conversaciones que evidencian el tipo de relación y los presuntos acuerdos sostenidos por los implicados en el caso original, manteniendo el seguimiento de la causa.