
CHIHUAHUA, Chih.– La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso una denuncia formal en contra de la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González, por el presunto desvío y uso de recursos públicos con fines ajenos a su función institucional. Los representantes jurídicos del instituto político presentaron los recursos legales correspondientes ante los órganos fiscalizadores y las fiscalías especializadas, solicitando una investigación técnica y el deslinde de responsabilidades administrativas o penales.
De acuerdo con el desglose del expediente contencioso, la denuncia señala presuntas irregularidades en la ejecución de programas municipales y la movilización de personal operativo de la demarcación serrana durante la presente temporada, lo que motivó la activación de los mecanismos de revisión de los comités de fiscalización electoral.
El desglose técnico de los agravios e indicadores de presunta responsabilidad administrativa integrados en la carpeta de la queja detalla los siguientes componentes:
Uso indebido de infraestructura oficial: Los representantes legales del partido fundamentaron la queja exponiendo que se han detectado conductas que vulneran los principios de equidad y neutralidad gubernamental en la Sierra Tarahumara. Señalan el uso de vehículos oficiales y activos del ayuntamiento para el desarrollo de actividades ajenas a las metas institucionales de la administración, solicitando auditorías técnicas detalladas a las bitácoras de transporte.
Fiscalización de personal operativo: La denuncia contempla la solicitud de revisión de las nóminas municipales, argumentando que servidores públicos adscritos al ayuntamiento de Guadalupe y Calvo han participado activamente en horarios laborales dentro de esquemas de promoción, lo que contraviene la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El PRI Estatal enfatizó que estas acciones buscan garantizar la transparencia y evitar que el presupuesto destinado a la infraestructura, salud y servicios del municipio de Guadalupe y Calvo sea canalizado a fines ajenos al bienestar de la población serrana. Las autoridades electorales correspondientes y los ministerios públicos especializados iniciarán la etapa de desahogo de pruebas, notificando formalmente a la alcaldesa Ana Laura González para que proceda a la presentación de su respectiva defensa legal y las bitácoras de comprobación de gastos públicos.



