
CIUDAD DE MÉXICO.– La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) formalizó la presentación de una denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad en contra del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos.
El argumento central del recurso jurídico estipula que la estrategia de seguridad pública instrumentada durante la pasada administración federal constituyó una omisión deliberada y sistemática en el combate a los cárteles del narcotráfico.
Representantes de la bancada blanquiazul detallaron que se recurrió a los tribunales internacionales bajo el argumento técnico de que las fiscalías locales carecen de autonomía y que los canales internos de impartición de justicia en el país se encuentran comprometidos.
El desglose de los componentes jurídicos de la denuncia y las posturas fijadas por los legisladores del partido detalla los siguientes componentes de información:
Tesis de la acción deliberada de Estado: A través de un material audiovisual difundido en plataformas digitales, el diputado Germán Martínez sostuvo que los altos índices de violencia registrados en los últimos años no correspondieron a una variable circunstancial, sino a una “decisión política perfectamente sistemática y calculada”, cuyos efectos operativos se extendieron antes y después del ejercicio del poder ejecutivo. Por su parte, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que la línea de acción gubernamental permitió que estructuras criminales acumularan recursos económicos, armamento y control territorial, incidiendo directamente en la soberanía de diversas regiones del país.
Señalamiento de infiltración en administraciones locales: La argumentación de la fuerza política vinculó de forma directa la inacción del gobierno federal con presuntos esquemas de infiltración del narcotráfico en la esfera política estatal. Como ejemplo de esta premisa de omisión deliberada, el documento entregado a la CPI hace referencia a expedientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que involucran a mandatarios locales afiliados al partido Morena, destacando de forma particular la situación jurídica del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.Presentan balances del Colegio de México para fundamentar el principio de complementariedad
Las líneas de sustento estadístico comparativo y las causales de competencia del tribunal internacional se desglosan en los siguientes puntos:
Sustento estadístico de la crisis humanitaria: Para fundamentar la magnitud del daño ante la fiscalía internacional, el PAN incorporó un estudio técnico elaborado por el Colegio de México, el cual sitúa al sexenio de López Obrador con los mayores indicadores de violencia en las décadas recientes. El desglose pericial compara las siguientes métricas de homicidios dolosos y desapariciones:
Andrés Manuel López Obrador (2019 - Septiembre 2024): 193,377 homicidios oficiales y 51,837 casos de personas desaparecidas.
Enrique Peña Nieto: 156,387 homicidios y 33,000 registros de desaparición física.
Felipe Calderón Hinojosa: 122,598 homicidios y 17,388 personas no localizadas.
Vicente Fox Quesada: 59,930 homicidios y 930 expedientes de desaparición.
Justificación de la jurisdicción de la CPI: Acción Nacional especificó que acudió a las instancias de los Países Bajos debido a que en el territorio nacional se han disuelto las condiciones institucionales mínimas para garantizar una investigación independiente y transparente. El partido argumentó que las fiscalías del país carecen de los atributos de autonomía orgánica y acusó que el Poder Judicial de la Federación ha sido capturado estructuralmente por el partido oficialista, activándose con ello las causales de intervención internacional contempladas en el Estatuto de Roma.



