
CHIHUAHUA, Chih.– La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo una sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de un hombre plenamente identificado como Diego Antonio C. C., tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de violación con penalidad agravada. La resolución judicial fue emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, luego de que la representación social demostrara de manera pericial las agresiones cometidas en perjuicio de un menor de 12 años de edad en la capital del estado.
La notificación formal de la penalidad corporal y la conclusión de las etapas procesales correspondientes al juicio oral se consolidaron.
El desglose de las actuaciones del Ministerio Público y las variables técnicas de la investigación de gabinete detalla las siguientes incidencias informativas:
Temporalidad de los hechos: De acuerdo con los elementos contenidos en la carpeta ministerial bajo la causa penal 1210/24, se demostró fehacientemente que el ahora sentenciado cometió las conductas delictivas de forma continuada durante el transcurso del año 2023 y el año 2024.
Mecanismo de coacción: Las indagatorias establecieron que el imputado utilizaba amenazas directas en contra de la víctima menor de edad con la finalidad de coartar su libertad de expresión y evitar que los hechos fueran denunciados ante su círculo familiar o las autoridades locales.
Activación del protocolo judicial: El caso derivó en una intervención oficial una vez que el afectado relató las incidencias a su madre, quien compareció ante las agencias del Ministerio Público para formalizar la querella correspondiente.
La evidencia aportada por el agente ministerial adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y contra la Familia resultó determinante para que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara un fallo de culpabilidad unánime dentro de las etapas del juicio oral 23/2026.
Durante el desarrollo del proceso, Diego Antonio C. C. enfrentó su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el centro penitenciario local. Finalmente, tras la conclusión de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el juzgador fijó la pena privativa de la libertad que el sentenciado deberá purgar en su totalidad en prisión, cerrando el expediente procesal.



