
CIUDAD DE MÉXICO.– La Secretaría de Gobernación (Segob) informó de manera oficial que las órdenes de comparecencia emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, corresponden de forma estricta a procedimientos en calidad de testigos. Mediante un comunicado de prensa institucional difundido este fin de semana, la dependencia federal aclaró que los mandamientos judiciales forman parte de la recopilación de testimonios para integrar carpetas de investigación en curso y no constituyen imputaciones del orden penal hacia los mandatarios.
La dependencia encargada de la gobernabilidad democrática nacional señaló que las precisiones metodológicas del portafolio legal fueron notificadas formalmente por la propia fiscalía de la nación, ratificando la viabilidad de las audiencias programadas.
El desglose informativo emitido por el gabinete presidencial define los alcances de la comparecencia conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales:
Obligación de auxilio judicial: Al fijarse la comparecencia en calidad de testigos, los mandatarios locales acuden bajo el principio de colaboración entre órdenes de gobierno con el fin de aportar datos, informes o declaraciones de hechos contextuales que obren en sus esferas de competencia, sin que esto vulnere el fuero constitucional del que gozan en sus cargos.
Exclusión de interés faccioso: La Secretaría de Gobernación enfatizó que, según los informes periciales y las minutas compartidas por la FGR, el órgano de procuración de justicia no mantiene ningún tipo de interés político o agenda partidista en el desahogo de estas indagatorias, apegándose únicamente al esclarecimiento de los hechos delictivos bajo el principio de legalidad.
La intervención aclaratoria de la Segob ocurre en este mes de mayo de 2026 para atemperar el debate mediático suscitado tras los reclamos del Gobierno de Chihuahua, el cual había catalogado la notificación como un acto sin precedentes y una supuesta persecución operada desde el centro de la república. Con este deslinde técnico, el Ejecutivo Federal reitera que el portafolio procesal se desahogará directamente en las mesas de trabajo de los ministerios públicos federales el próximo miércoles 27 de mayo.
Las coordinaciones jurídicas de las entidades federativas involucradas han tomado conocimiento del estatus formal validado por Gobernación, procediendo a adecuar los portafolios de documentación que serán integrados a los expedientes de la FGR, en una jornada donde se vigilará la estricta aplicación del debido proceso y el respeto a la soberanía de los estados.



