
La periodista de investigación Anabel Hernández volvió a encender la polémica nacional tras revelar nuevos señalamientos sobre los presuntos pactos y compromisos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría sostenido y cumplido con altos mandos del Cártel de Sinaloa al asumir el poder en 2018.
De acuerdo con las nuevas entregas de la investigadora, basadas en testimonios de testigos protegidos y fuentes directas del narcotráfico, el Gobierno Federal habría facilitado condiciones de impunidad y operación territorial a cambio de financiamiento ilícito para campañas y una supuesta reducción de la violencia de alto impacto en zonas clave del país.
Los informes detallan que el núcleo del acuerdo giraba en torno a la no confrontación frontal por parte de las fuerzas federales contra las facciones históricas del grupo criminal, priorizando una estrategia de seguridad que minimizó la captura de cabecillas principales durante la primera mitad del sexenio.
Hernández sostiene que la famosa política de "abrazos, no balazos" no solo respondió a una visión pacifista del Estado, sino que funcionó como un paraguas institucional para estabilizar las plazas del narcotráfico bajo el control de ciertos liderazgos afines al cártel, neutralizando a rivales prioritarios.
Las declaraciones de la autora de Los señores del narco han generado una ola de reacciones encontradas en el espectro político mexicano, reavivando el debate sobre la infiltración de la delincuencia organizada en las altas esferas del poder público y la opacidad en el financiamiento de campañas presidenciales pasadas.
Hasta el momento, ni el exmandatario ni las instituciones de seguridad federales han emitido una postura oficial reciente sobre estas nuevas acusaciones, las cuales se suman a los expedientes y señalamientos ventilados previamente en tribunales de Estados Unidos por excolaboradores y operadores criminales ya sentenciados.



