
CIUDAD DE MÉXICO.– Documentos ministeriales vinculados a órdenes de aprehensión federales revelaron que presuntos liderazgos de una organización delictiva transnacional buscaron ejercer mecanismos de coacción hacia la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. De acuerdo con los portafolios procesales de la Fiscalía General de la República (FGR), a los que se tuvo acceso formal, las células delictivas pretendían condicionar la estabilidad de la seguridad pública del estado a cambio de obtener el control de nombramientos en mandos municipales, asignaciones presupuestales directas y la facilitación de rutas logísticas.
Las investigaciones ministeriales documentan que, desde el año 2021, este grupo criminal estructuró una red de infiltración en al menos once administraciones municipales de la entidad federativa con el objetivo de ejecutar operaciones de lavado de dinero mediante obra pública, extorsión institucional y control político.
El desarrollo del expediente penal se sustenta en declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones validadas por la judicatura federal:
Declaración testifical: El exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, compareció formalmente ante el agente del Ministerio Público Federal para aportar elementos sobre la operación de la célula dirigida por Júpiter Araujo Bernard. Según el testimonio, el presunto líder delincuencial utilizó intermediarios para exigir que la mandataria estatal no retuviera las participaciones económicas destinadas a las demarcaciones municipales bajo su control operativo.
Condicionamiento de perfiles: Las exigencias del grupo contemplaban la asignación de plazas de relevancia técnica dentro de las estructuras de los ayuntamientos y la inhabilitación de perfiles políticos que no resultaran afines a los intereses de la organización, ofreciendo en contraparte el financiamiento económico de proyectos electorales bajo esquemas corporativos irregulares.
Las carpetas de investigación de la fiscalía de la nación incorporan grabaciones e intervenciones telefónicas autorizadas por jueces de control. En estos registros digitales se detalla cómo los indiciados coordinaban la logística financiera para la movilización de activos durante los periodos de votación, así como los impactos que generó la difusión pública de evidencias audiovisuales que vinculaban a alcaldes de la región, como Agustín Toledano y Jesús Corona Damián, con los liderazgos operativos del estado.
Derivado del seguimiento de estas indagatorias en este mes de mayo de 2026, los órganos de control interno y las fiscalías especializadas mantienen el desahogo de órdenes de captura y auditorías forenses a las tesorerías municipales involucradas, buscando sancionar las conductas delictivas y garantizar que la asignación de los recursos públicos estatales se ejecute bajo los principios de transparencia y legalidad que mandata la federación.



