
CIUDAD DE MÉXICO.– La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, marcó una clara distinción entre las situaciones políticas que atraviesan las gobernadoras de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, argumentando que ambos casos poseen magnitudes jurídicas y soberanas diametralmente opuestas.
Durante una conferencia de prensa, la líder morenista afirmó de manera categórica que la panista Maru Campos promovió de forma activa la injerencia extranjera y violentó el marco legal mexicano al permitir y ejecutar operativos coordinados con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en territorio estatal.
“En primer lugar hay que dejar claro que la panista Maru Campos lo que promovió fue la injerencia extranjera y lo ejecutó... después ella aclaró que era la CIA; promovió la injerencia sin respetar las leyes del país”, sentenció Montiel Reyes. Asimismo, dio a conocer que en el estado de Chihuahua diversos comités ciudadanos avanzan activamente en la recolección de firmas con la intención de respaldar y robustecer de manera popular la solicitud formal de juicio político y desafuero en contra de la mandataria chihuahuense.
Al abordar la situación que rodea a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respecto a presuntas comunicaciones con autoridades del vecino país del norte y la pérdida de su visa, la presidenta de Morena descartó que exista algún tipo de afectación a la seguridad del Estado Mexicano.
“La cuestión de la visa, recuperarla, son dos cosas distintas... lo que pasó con Marina del Pilar no vulnera lo nacional”, defendió Montiel, haciendo hincapié en que no se puede equiparar un trámite o diálogo consular con la intervención operativa de agencias de inteligencia extranjeras en suelo nacional.
Las posturas vertidas por la dirigencia del partido guinda se dan de forma posterior a las declaraciones emitidas por la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien manifestó públicamente encontrarse en un estado de total tranquilidad y dispuesta a comparecer o responder a cualquier tipo de requerimiento por parte de las instancias fiscalizadoras competentes a través de los canales institucionales, bajo la premisa de no tener conductas irregulares que ocultar.



