Afirma Kenia López que juicio político vs Maru fue desechado

CHIHUAHUA, Chih.– La solicitud de juicio político promovida en contra de la gobernadora constitucional de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue desechada de forma definitiva por los órganos de control del Poder Legislativo al no haber sido ratificada dentro del término legal de tres días. La resolución procedimental determina la invalidez del recurso y su archivo formal, decretándose el asunto como no presentado ante la omisión técnica de los promoventes, según informó de manera oficial la legisladora federal Kenia López Rabadán.

De acuerdo con el marco normativo que rige las responsabilidades de los servidores públicos, el incumplimiento del requisito de ratificación extingue de forma automática la acción intentada, clausurando la controversia jurídica en los registros del Congreso.

Preclusión procedimental y fragilidad de las carpetas acusatorias

El desglose técnico de los plazos de vigencia y los mecanismos de desestimación en las comisiones dictaminadoras detalla las siguientes variables:

Caducidad por término perentorio: López Rabadán precisó que la normativa parlamentaria exige de forma obligatoria que toda demanda de juicio de responsabilidad sea ratificada en comparecencia presencial dentro de las 72 horas posteriores a su recepción. Al fenecer dicho plazo sin la comparecencia de los demandantes, el Congreso aplicó el criterio de desistimiento implícito.

Efecto de invalidez jurídica: Al declararse el expediente como no presentado, se anulan de forma retroactiva las hipótesis de sanción, lo que a decir de la congresista evidencia la falta de sustento técnico y la debilidad probatoria de los partidos de oposición que impulsaron la denuncia.

Diagnóstico de seguridad nacional y debate entre dos visiones de Estado

Las células de análisis constitucional y las mesas directivas de los bloques legislativos validaron los criterios de sobreseimiento antes de las 14:00 horas de este 2026.

La legisladora aprovechó el anuncio de la resolución para emitir un pronunciamiento en respaldo a la soberanía de Chihuahua, argumentando que el recurso desechado formaba parte de una estrategia para desestabilizar a los mandos locales que disienten de las directrices centralistas. Planteó que el escenario nacional enfrenta un dilema estructural entre dos modelos de seguridad: por un lado, una política de pacificación que colinda con la tolerancia hacia los grupos delictivos y, por el otro, la exigencia de un freno absoluto al crimen organizado mediante el desmantelamiento de infraestructura clandestina.

Al concluir su intervención en el marco de las movilizaciones locales, López Rabadán reconoció la firmeza institucional de la gobernadora chihuahuense para salvaguardar el orden público de las familias de la frontera norte. Con el desechamiento del juicio político, la administración estatal blinda su posición legal frente a las controversias promovidas desde el fuero federal, instruyéndose el archivo definitivo del legajo.