
México.- La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, reconoció públicamente que durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac se sacrificaron 10 mil canes. La declaración surgió como una precisión a videos que circulaban en redes sociales donde se le acusaba de la muerte de 2,500 animales, cifra que la legisladora elevó voluntariamente bajo el argumento de que se trató de una medida de seguridad pública.
En conferencia de prensa desde el Senado, Gutiérrez defendió las acciones del Centro de Bienestar Animal de su municipio, asegurando que cada caso está documentado:
Casos de agresividad: Afirmó que los sacrificios se realizaron porque los ejemplares habían atacado o violentado a personas.
Incidentes graves: Relató casos extremos, incluyendo ataques de perros de la raza Pitbull que causaron desfiguraciones a menores de edad.
Denuncia ciudadana: Sostuvo que las intervenciones fueron a solicitud directa de los habitantes de Tecámac, quienes le enviaban fotografías y reportes de peligrosidad.
La legisladora insistió en que los procedimientos se realizaron conforme a las normas oficiales y negó ser una promotora del maltrato animal:
Contextualización: Alegó que la información difundida en redes fue tergiversada para afectarla políticamente.
Postura oficial: "No voy a evadir el tema ni a minimizarlo. Aquí estoy dando la cara", declaró, reafirmando su compromiso con los "seres sintientes" a pesar de las críticas.
Expedientes: Aseguró contar con el soporte fotográfico y documental que justifica el retiro y posterior sacrificio de los animales involucrados en incidentes violentos.
A pesar de las justificaciones de la senadora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la apertura de una indagatoria:
Posible delito: Se investiga la comisión de delitos relacionados con el maltrato animal.
Sanciones: De encontrarse irregularidades en los protocolos o sacrificios masivos sin causa legal justificada, los responsables podrían enfrentar penas de hasta 6 años de prisión.
Alcance: La investigación buscará determinar si los 10 mil sacrificios cumplieron con la Ley de Protección a los Animales del Estado de México o si se trató de una práctica sistemática fuera de norma.



