Zoé Robledo defiende expansión del IMSS ante protestas

CIUDAD DE MÉXICO. — El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, atribuyó las recientes manifestaciones y bloqueos viales de los trabajadores de la institución a las tensiones inherentes al crecimiento acelerado del organismo, al tiempo que abordó el rechazo de un sector laboral al incremento salarial propuesto y las demandas sobre el régimen de jubilaciones.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario precisó que el descontento de parte del personal se centra en la propuesta de aumento salarial del 6.8 por ciento global —desglosado en un 2.9 por ciento al salario tabular y un 3.9 por ciento en prestaciones—. Aunque el convenio ya fue aprobado por el Congreso sindical, los empleados inconformes podrán emitir su voto en una consulta programada para el próximo 14 de octubre.

Para poner en perspectiva el volumen de operaciones, Robledo detalló que la plantilla del IMSS alcanzó los 511 mil trabajadores en diversas modalidades tras sumar 109 mil contrataciones desde 2019, entre las que destacan 39 mil médicos especialistas y 28 mil enfermeras. Explicó que este despliegue busca responder a una derechohabiencia que pasó de 20 a casi 23 millones de asegurados, sumados a 6.3 millones de pensionados y 5.9 millones de familiares directos atendidos.

En materia de infraestructura y prestaciones médicas, la dirección del Seguro Social destacó la apertura de siete nuevos hospitales bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con ocho más por inaugurarse y 19 en proceso de construcción. A esto se suma el incremento de centros de atención para cáncer infantil (de 3 a 36) y de salas de hemodinamia (de 6 a 82), además de habilitar 17 mil turnos médicos vespertinos y de fin de semana para contrarrestar la saturación de los servicios.

Respecto a otras exigencias, como el eventual retorno al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), el titular de la institución aclaró que una modificación de ese tipo requiere reformas legislativas que trascienden las facultades directivas del instituto. Finalmente, reconoció fallas operativas como el abasto de medicamentos —actualmente al 94 por ciento— y las demoras en cirugías, comprometiéndose a reforzar la supervisión y garantizar el derecho a la manifestación pacífica sin afectar a terceros.