
México.- Tras la separación de sus cargos como gobernador y alcalde de Culiacán, respectivamente, Arturo Zaldívar señaló que ambos funcionarios ya pueden ser detenidos como cualquier ciudadano. El funcionario precisó que la inmunidad protege la función pública y no a la persona; por lo tanto, al dejar de ejercer dicha función mediante una licencia, la protección constitucional desaparece.
Zaldívar detalló los aspectos técnicos que sustentan la posible detención de los exfuncionarios sinaloenses:
Garantía de la función: La inmunidad procesal es una garantía para evitar procesos penales contra servidores activos, a menos que exista una declaratoria de procedencia (desafuero) por la Cámara de Diputados.
Efecto de la licencia: Al no estar en funciones, los implicados ya no gozan de esta protección, basándose en precedentes del Poder Judicial Federal.
Artículo 111: Este precepto constitucional es el que regula el levantamiento de la inmunidad para ciertos servidores públicos.
La situación jurídica de Rocha y Gámez se da en medio de una presión judicial internacional y el inicio de procesos internos:
Acusaciones: Ambos son señalados por la fiscalía federal de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico y posesión de armas.
Extradición: El Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente su detención y extradición a raíz de la acusación formal.
Acción de la FGR: La Fiscalía General de la República ya inició las indagatorias correspondientes tras los señalamientos internacionales.
Sustituciones: En Sinaloa, Yeraldine Bonilla asumió como gobernadora interina, mientras que Ana Miriam Ramos Villarreal fue designada como alcaldesa interina de Culiacán.









































































