
AGUASCALIENTES, AGS.– El Partido Acción Nacional (PAN) incorporó formalmente a su agenda de seguridad la propuesta de construir un complejo penitenciario de máxima seguridad en territorio mexicano, inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. El proyecto, integrado como una de las banderas principales de sus "111 Soluciones para México", busca el aislamiento absoluto de los líderes de la delincuencia organizada y la instauración de la cadena perpetua para funcionarios públicos vinculados al narcotráfico.
Como parte de esta estrategia partidista, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo realizó una gira de trabajo por el país centroamericano los días 1 y 2 de julio pasados, con el objetivo de recorrer las instalaciones de la llamada “cárcel más grande de América” y evaluar su viabilidad legislativa en el contexto mexicano. Durante su estancia, en la que estuvo acompañado por el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, el legislador calificó a El Salvador como el "país más seguro del planeta".
Al regresar de su viaje, y al ser cuestionado sobre los informes internacionales que denuncian violaciones sistemáticas a las garantías individuales en el CECOT, Martín del Campo rechazó las críticas de los organismos humanitarios. Aseguró que en el penal se respetan los derechos humanos, que los reclusos cuentan con atención médica y minimizó las denuncias sobre sobrepoblación en las celdas.
"Yo también tenía esa duda, yo pensaba que había violación a los derechos humanos, pero al día de hoy te puedo decir que no (...) ¿Para ti qué es sobrepoblación? ¿O sea, es algo tan efímero que podemos ver o que podemos discutir?", reviró el senador, agregando que los internos "no son unas blancas palomitas" y sosteniendo que "al delincuente se le tiene que tratar como delincuente".
No obstante, el Informe sobre el Régimen de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y avalado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), documenta que el modelo salvadoreño opera bajo patrones de tortura, tratos crueles, incomunicación total y muertes bajo custodia estatal de personas que ni siquiera contaban con una sentencia condenatoria.
Respecto al costo de una infraestructura de tal magnitud —el CECOT tuvo una inversión cercana a los 115 millones de dólares—, el legislador por Aguascalientes afirmó que el gasto se justifica plenamente en términos de costo-beneficio para la nación. "Es más caro tener a los delincuentes, tener a los narcopolíticos gobernando. Eso nos sale muchísimo más caro que tener un centro de reclusión de narcopolíticos", aseveró.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, encabezado por Jorge Romero, respaldó la iniciativa bajo la premisa de romper los vínculos entre el poder político y las bandas criminales, impidiendo que los capos continúen coordinando operaciones desde las prisiones ordinarias.
Debido a que el principio constitucional en México mandata la reinserción social y prohíbe las penas inusitadas, Martín del Campo adelantó que la bancada blanquiazul ya prepara un paquete de reformas constitucionales para legalizar la cadena perpetua en delitos de delincuencia organizada y corrupción política de alto nivel, con el fin de asegurar que los sentenciados no vuelvan a las calles.



