
Baja California.- Una jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez dictó auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y siete empresarios y agentes aduanales. La resolución se dio tras la presentación de datos de prueba por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión de delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando.
La resolución judicial se emitió durante las primeras horas de este jueves tras la celebración de la audiencia inicial, determinándose la aplicación de medidas cautelares de prisión preventiva para la mayoría de los imputados mientras transcurre la investigación complementaria.
Los detalles del fallo judicial, los montos asentados en la imputación y la situación jurídica de los procesados se desglosan a continuación:
Relación de imputados y medidas cautelares dictadas:
Internamiento en el CEFERESO No. 1 "Altiplano": Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.
Internamiento en el CEFERESO Nezahualcóyotl Sur: Adriana Magali Bárcenas Guillén.
Prisión domiciliaria: José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, con residencia en Saltillo, Coahuila.
Fundamentos de la imputación presentada por la FGR:
Volumen de importación bajo investigación: La representación social sostiene que durante 2025 se ingresaron al país 2 mil 137 millones 455 mil 156 litros de petrolíferos a través de la empresa Ingemar, además de 225 mil 633 litros mediante la firma Servicios Aduanales JR, supuestamente sin contar con los permisos vigentes de la Secretaría de Energía.
Aseguramientos e impacto fiscal: Las autoridades federales han asegurado 18 millones 24 mil 86 litros de hidrocarburos en operativos realizados en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, estimando un monto de 166 millones 466 mil 735 pesos por concepto de afectación a la hacienda pública.
Desarrollo de la diligencia judicial:
La audiencia se llevó a cabo bajo la modalidad de videoconferencia y con carácter reservado por solicitud ministerial, invocando razones de seguridad de la información.
Tras un desarrollo de más de 30 horas con diversos recesos decretados por el órgano jurisdiccional, la jueza de la causa fijó los plazos para la investigación complementaria y el desahogo de pruebas de las partes involucradas.



