UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya y sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo total de las cuentas bancarias y activos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus tres hijos y el senador Enrique Inzunza Cázarez. La medida, ejecutada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), responde a una investigación internacional que vincula a los implicados con delitos de conspiración para el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 6 de mayo de 2026, la instrucción implica la inmovilización inmediata de cualquier operación dentro del sistema financiero mexicano para un total de 14 personas señaladas.

Vínculos con investigaciones de Nueva York

La acción de la autoridad financiera mexicana se deriva de un proceso judicial abierto por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Los puntos clave de la acusación incluyen:

Cargos imputados: Conspiración para la importación masiva de fentanilo, cocaína y metanfetaminas a territorio estadounidense.

Nexos criminales: Se señala una presunta colaboración directa con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Contexto político: Según los documentos de la corte estadounidense, Rocha Moya habría recibido apoyo del grupo criminal durante su campaña electoral en 2021 a cambio de impunidad y protección para sus operaciones ilícitas.

Implicados y alcance de la medida

Además del gobernador con licencia, la lista de personas con activos congelados incluye a su círculo familiar cercano y colaboradores políticos:

Hijos del mandatario: Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz.

Poder Legislativo: El senador Enrique Inzunza Cázarez.

Funcionarios locales: Otros nueve servidores públicos y exfuncionarios del estado de Sinaloa.

Consecuencias legales y extradición

La investigación internacional ha escalado a niveles que comprometen la libertad de los señalados en el corto plazo:

Penas severas: De ser hallados culpables en la jurisdicción de Estados Unidos, los implicados podrían enfrentar sentencias que alcanzan la cadena perpetua.

Trámite de extradición: Trascendió que ya existe una solicitud formal de extradición por parte del gobierno estadounidense para que los acusados enfrenten la justicia en Nueva York.

Situación actual: Hasta el momento, ni la Secretaría de Hacienda ni la UIF han emitido un comunicado oficial de prensa, aunque la notificación a las instituciones financieras ya ha surtido efecto legal.

Esta acción representa uno de los golpes más significativos contra la estructura política sinaloense en años recientes, poniendo bajo la lupa la relación entre los gobiernos locales y los grupos de la delincuencia organizada.