
CIUDAD DE MÉXICO.– El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito ratificó de manera unánime la sentencia absolutoria dictada a favor de Israel Vallarta, convalidando de forma definitiva su libertad en relación con las imputaciones por delincuencia organizada, secuestro y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La resolución judicial resolvió el recurso de apelación interpuesto en su momento por la Fiscalía General de la República (FGR), agotando con ello los medios ordinarios de defensa del Ministerio Público Federal para revertir el fallo absolutorio inicial emitido por un Juzgado de Distrito en el Estado de México.
Validación unánime del proyecto de sentencia: El pleno del Primer Tribunal Colegiado de Apelación respaldó de forma integral la propuesta del magistrado ponente, Josué Osvaldo Garduño Sánchez. Dicho dictamen técnico confirmó en todos sus términos la resolución dictada el 31 de julio de 2025 por la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Mariana Vieyra Valdez, la cual había decretado la insuficiencia probatoria y la consecuente absolución del procesado.
Límites de impugnación para la representación social: Con este fallo de segunda instancia, la Fiscalía General de la República (FGR) agota los mecanismos procesales previstos en la legislación adjetiva penal para intentar revertir la libertad del ciudadano. Los especialistas en derecho constitucional precisaron que el marco normativo vigente ya no concede recursos ordinarios a la institución ministerial; no obstante, subsiste la prerrogativa legal para que cualquiera de las víctimas directas de las causas penales pueda tramitar un juicio de amparo contra el dictamen emitido por el Tribunal de Apelación.
Evaluación del periodo de reclusión preventiva: La determinación judicial pone fin a un proceso en el que Vallarta permaneció sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva sin una sentencia firme por un lapso cercano a las dos décadas, tras su aseguramiento inicial en un operativo conjunto que involucró a la ciudadana de nacionalidad francesa, Florence Cassez. Al respecto, Mary Vallarta, cónyuge del civil absuelto, manifestó públicamente la necesidad de orientar las capacidades de las fiscalías hacia investigaciones científicas basadas en pruebas objetivas que justifiquen plenamente la culpabilidad de todo imputado, instando a erradicar el uso extensivo de la prisión preventiva oficiosa y a ubicar a los responsables reales de los delitos en agravio de las víctimas verdaderas.



