
EU.- Siete inmigrantes presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusando a la agencia federal de retener de manera sistemática e indebida documentos de identidad, permisos de trabajo, pasaportes, teléfonos, dinero en efectivo y pertenencias personales tras ser puestos en libertad.
La querella está respaldada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), junto con organizaciones como Democracy Defenders Fund, Willkie Farr & Gallagher LLP y Platkin LLP.
Violación a la Directiva 11311 (Confiscation Directive): La demanda sostiene que ICE incumple su propia norma interna, la cual establece que aunque la agencia puede retener temporalmente documentos por razones operativas, está obligada a devolverlos al momento de la liberación o, en su defecto, entregar copias certificadas.
Vulneración a la Cuarta Enmienda: Los representantes legales argumentan que la privación indefinida de bienes e identificaciones constituye una incautación injustificada bajo la Constitución de EE. UU..
El recurso reúne testimonios de migrantes procedentes de Rusia, Venezuela, Guatemala, Cuba, Colombia y El Salvador:
Vladimir Izmailov (Rusia): Solicitante de asilo a quien ICE le retiene desde hace más de cinco meses su permiso laboral, licencia de conducir y su anillo de bodas, impidiéndole sostener a su familia.
Ezequiel González (Venezuela): Denuncia la retención de su pasaporte, tarjeta del Seguro Social y permiso de trabajo desde marzo.
Rolando Ramírez Fuentes (Cuba): Residente en Florida desde hace décadas que, tras perder su tarjeta de Seguro Social y licencia a manos de ICE, no pudo obtener empleo ni tratamiento para una afección cardíaca, encontrándose actualmente en situación de calle.
Enis Suleima Luna Ardila (Colombia) y Alex Estuardo Hernández Pérez (Guatemala): Reportan la pérdida de oportunidades laborales al no contar con cómo acreditar su estatus legal.
Los demandantes exigen una orden judicial que obligue a ICE a la devolución inmediata de los objetos y documentos confiscados, así como la adopción de medidas permanentes para garantizar que la agencia entregue los bienes una vez que concluya la custodia legal.



