
CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó esta mañana no tener conocimiento oficial sobre el presunto congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus familiares y el senador Enrique Inzunza. Ante las versiones periodísticas que vinculan estas medidas con una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, la mandataria señaló que solicitará un reporte detallado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sheinbaum subrayó que la UIF opera como un organismo técnico que procede de manera autónoma al detectar irregularidades, por lo que será dicha instancia la encargada de confirmar o desmentir las acciones precautorias.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria aclaró la naturaleza de las investigaciones que realiza el Gobierno Federal en materia de recursos ilícitos:
Autonomía técnica: “La UIF es un área que es técnica, digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento”, precisó tras ser cuestionada sobre el Acuerdo 156/2026.
Objetivo de la estrategia: La presidenta enfatizó que la prioridad de su administración es el combate a la delincuencia organizada mediante el rastreo del dinero, descartando cualquier tipo de persecución ilegal.
Garantías a la iniciativa privada: Subrayó que estas medidas no están dirigidas a empresarios y que existe un esquema de resolución inmediata en caso de que ocurra algún error administrativo en los bloqueos.
El reporte sobre el congelamiento de activos surge en un momento de alta sensibilidad diplomática tras la detención en Estados Unidos del exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez:
Señalamientos del DOJ: Autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya y a su círculo cercano con presuntas actividades de conspiración para el tráfico de fentanilo y cocaína.
Implicados según reportes: Además del gobernador con licencia, la medida financiera alcanzaría a sus hijos y al senador morenista Enrique Inzunza, señalados por una supuesta colaboración con facciones del Cártel de Sinaloa.
Transparencia institucional: La mandataria insistió en que no se ha actuado de forma "irresponsable o ilegal" y que se pedirá a la Secretaría de Hacienda que transparente si hubo una notificación formal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Sheinbaum Pardo reiteró que la política de su gobierno es "perseguir el dinero" para desarticular las estructuras criminales, diferenciando claramente estas acciones de una afectación al sector empresarial lícito. “No tiene nada que ver con congelarle irresponsablemente o ilegalmente la cuenta a alguien”, puntualizó, asegurando que se mantendrá el debido proceso en todas las investigaciones de la UIF.
Se espera que en los próximos días la Unidad de Inteligencia Financiera emita un comunicado para esclarecer si el bloqueo de cuentas responde a una solicitud de cooperación internacional o a una investigación interna de la administración mexicana.



