
CIUDAD DE MÉXICO.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una penalización económica a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que asciende exactamente a 42 millones 849 mil 95 pesos, derivada de faltas graves en la gestión de la privacidad de los aficionados.
La sanción responde al incumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales durante la operación y registro del sistema tecnológico conocido como "FAN ID", implementado en los estadios del país.
La resolución oficial concluyó que la FMF, como entidad responsable de las bases de datos, incurrió en dos violaciones jurídicas:
Falta de transparencia en datos biométricos: La Federación omitió informar adecuadamente en su aviso de privacidad que las fotografías faciales solicitadas para crear el FAN ID constituían "datos personales sensibles". Esta carencia técnica impidió que los aficionados conocieran el verdadero alcance del tratamiento de su identidad y decidieran de forma informada.
Ausencia de consentimiento legal obligatorio: La autoridad gubernamental detectó que la FMF no recabó el consentimiento expreso y por escrito para manipular dicha información sensible, tal como lo exige estrictamente la ley. En su lugar, el organismo se limitó a utilizar el marcado de una simple casilla de verificación (checkbox) en una plataforma web.
El FAN ID fue ideado por las autoridades del balompié nacional como un sistema de identificación digital y personal obligatorio para ingresar a los eventos de la Liga MX. De acuerdo con la FMF, consiste en un código único que vincula la identidad del asistente con su boleto para agilizar los accesos y elevar los estándares de seguridad dentro de los recintos deportivos mediante una sola clave de registro.
Tras la notificación del fallo, la Federación Mexicana de Futbol cuenta con el derecho de utilizar los medios de defensa legales conducentes para impugnar esta medida administrativa. No obstante, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que defenderá con firmeza su resolución para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.



