
WASHINGTON, D. C.– Una fuente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) confirmó que el exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, se entregó de manera voluntaria ante las autoridades norteamericanas. Con este procedimiento institucional, suman tres los exfuncionarios estatales que se han sometido de forma directa a la jurisdicción de los tribunales de ese país para enfrentar cargos penales vinculados a redes de protección y delincuencia organizada.
De acuerdo con las carpetas de investigación validadas por los grandes jurados federales, el exjefe policial compareció ante las agencias de procuración de justicia del país vecino durante la jornada del jueves, abriéndose la fase de custodia procesal.
El desglose técnico de los pliegos de cargo y los elementos materiales probatorios integrados por las fiscalías norteamericanas detalla las siguientes variables:
Mecanismos de financiamiento irregular: Las auditorías y registros financieros recuperados por los agentes de inteligencia estadounidenses señalan que Almanza Avilés presuntamente percibía un estipendio mensual tasado de forma aproximada en 300 mil pesos mexicanos. Las listas de contabilidad interna de la organización delictiva lo integraban formalmente bajo el uso de la clave confidencial de control numérico “R1”.
Imputación por omisión de funciones: El pliego legal asienta que, bajo su investidura como titular de la Policía de Investigación sinaloense, el imputado presuntamente facilitó el libre desplazamiento y las operaciones de la facción identificada como "Los Chapitos", obstaculizando el despliegue de operativos contra la infraestructura de tráfico de estupefacientes.
Los comités de supervisión judicial y los enlaces de agregadurías legales agilizaron el procesamiento del exmando de investigación antes del cierre de la jornada.
La entrega voluntaria de Almanza Avilés representa el tercer movimiento procesal efectivo dentro del expediente judicial transnacional que involucra a la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Los registros de la corte detallan que la primera entrega se consumó el pasado 11 de mayo de 2026 por parte del exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, seguida de la comparecencia institucional del exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, efectuada el 15 de mayo.
Las agencias federales norteamericanas precisaron que la entrega formal de este jueves desahoga de forma parcial las órdenes de localización vigentes para el bloque de diez exservidores públicos sinaloenses requeridos por el tribunal. El imputado fue ingresado a las unidades de detención temporal del distrito judicial correspondiente con el propósito de llevar a cabo la designación de su cuerpo de defensores técnicos y fijar la fecha para la lectura formal de cargos, concluyendo las fases informativas.



