
CIUDAD DE MÉXICO.– La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual diputada federal por el partido Morena, Olga Sánchez Cordero, anunció formalmente su decisión irreversible de retirarse de la función pública y de la actividad notarial al concluir la presente Legislatura en el año 2027. Durante una entrevista radiofónica, la legisladora federal precisó que enfocará sus actividades de forma prioritaria en el ámbito estrictamente académico y de conferencias, desempeñándose actualmente como vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Asimismo, la diputada admitió de manera pública mantener visiones normativas diferenciadas con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclarando que, a pesar del respeto institucional hacia su liderazgo, el plan de retiro ya había sido comunicado formalmente a la coordinación.
El desglose de las declaraciones emitidas en medios nacionales y las variables de control interno de la fracción parlamentaria detalla las siguientes incidencias:
Determinación de relevo personal: Sánchez Cordero enfatizó que el año 2027 marcará de manera definitiva el cierre de sus funciones en los organismos del Estado y la posible conclusión de su ejercicio en la notaría pública, optando por el retorno formal a las aulas y foros universitarios.
Relación institucional con la coordinación: Al ser cuestionada sobre la conducción de la bancada mayoritaria en San Lázaro, la exsecretaria de Gobernación ratificó su respeto hacia Ricardo Monreal, no obstante, reconoció la coexistencia de criterios discrepantes en el proceso de dictaminación legislativa.
La ministra en retiro también fijó una postura técnica de alta relevancia jurídica respecto a las recientes reformas constitucionales procesadas por el Congreso de la Unión durante el pasado periodo extraordinario de sesiones.
Sánchez Cordero detalló que emitió un voto en abstención respecto a la reforma constitucional en materia de "injerencia", argumentando que la redacción aprobada se configuró como una "norma abierta". Con base en su experiencia de 21 años como intérprete constitucional en el pleno de la Suprema Corte, la legisladora advirtió que las disposiciones ambiguas obligan a los juzgadores a realizar esfuerzos adicionales para cumplimentar las hipótesis normativas, una práctica que, desde su perspectiva técnica, violenta el principio de certeza fundamental que rige al derecho electoral.
Finalmente, la diputada de Morena reveló que la bancada no tenía conocimiento previo de la reserva introducida en la reforma al Poder Judicial orientada a conceder una prórroga y permitir la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aclaró que mientras el rubro de la injerencia sí fue analizado y resuelto en el pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales, la modificación sobre los magistrados electorales se mantuvo al margen del conocimiento general de la asamblea.



