Rechazan impugnación electoral de Morena vs Maru Campos

CIUDAD DE MÉXICO.– La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió mantener el criterio de competencia territorial e institucional que delega en los órganos electorales del estado de Chihuahua la resolución de la queja promovida por el partido Morena en contra de la gobernadora constitucional María Eugenia Campos Galván.

Por unanimidad de votos, el máximo tribunal en materia electoral ratificó el acuerdo previo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual determinó que los hechos denunciados por presunto uso indebido de recursos públicos y propaganda calumniosa no inciden en el ámbito de un proceso electoral de carácter federal.

Ratificación del acuerdo de incompetencia: El origen del litigio se remonta al pasado 28 de mayo, fecha en la que la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE se declaró legalmente incompetente para dar trámite a la denuncia de Morena. 

El criterio del árbitro federal estipuló de forma institucional que la queja no guardaba relación directa con esquemas federales, ordenando su remisión inmediata al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE).

Resolución definitiva de la Sala Superior: Inconforme con dicha disposición, la representación jurídica de Morena recurrió ante el TEPJF con el objetivo de obligar al órgano central del INE a sustanciar el procedimiento administrativo sancionador. 

Los magistrados electorales coincidieron en que el ámbito geográfico y las características del reclamo corresponden de manera estricta a la jurisdicción de los consejeros del organismo público local electoral de Chihuahua, validando el traslado del expediente.

Contexto de la denuncia de origen: El recurso partidista fue promovido en el marco de la denominada “marcha por la seguridad en Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional”, una movilización civil convocada por la dirigencia del comité ejecutivo nacional de Morena. 

Los organizadores del evento acusaron formalmente una presunta intervención de la estructura del gobierno estatal orientada a obstaculizar el correcto desarrollo y flujo de los contingentes ciudadanos participantes.