
CHIHUAHUA, Chih.– El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, calificó de "ridícula" e infundada la denuncia penal interpuesta por el senador Javier Corral Jurado en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. El líder político nacional afirmó que equiparar la ejecución de una orden de aprehensión con el delito de secuestro evidencia un desconocimiento de los marcos normativos vigentes.
De acuerdo con las declaraciones vertidas en el encuentro de estructuras civiles y partidistas, la dirigencia nacional arropó la gestión chihuahuense frente a las carpetas de investigación promovidas por actores vinculados al oficialismo federal.
El desglose analítico de los elementos dogmáticos del delito invocados en la discusión política detalla las siguientes variables:
Incongruencia en la tipicidad delictiva: Romero Herrera cuestionó los criterios jurídicos del exgobernador de la entidad, argumentando que el cumplimiento de las facultades exclusivas de una fiscalía para cumplimentar una orden de captura dictada por un juez de control jamás puede ser configurada bajo el tipo penal de secuestro, tildando la acusación de inviable.
Pérdida de autoridad moral: El dirigente del bloque blanquiazul aseveró de forma textual que el legislador por Morena carece de validez ética en sus pronunciamientos públicos en este mes de mayo de 2026. Pese a los señalamientos de traición partidista, Romero acotó que la conducta del denunciante no afectó las siglas de la organización, sino que representó un detrimento a su propia trayectoria política.
El líder nacional ratificó la existencia de una presunta estrategia de persecución conducida e instrumentalizada desde las oficinas del Gobierno Federal. Sostuvo que la fabricación de imputaciones penales busca desestabilizar la soberanía de los estados de oposición, por lo que la concentración fungió como un mecanismo legítimo de defensa comunitaria e institucional.
Romero Herrera concluyó su participación exhortando a los alcaldes y diputados locales a mantener el bloque de contención legal y legislativo frente a las presiones del centro del país. Las estructuras del PAN capitalino y estatal anticiparon que continuarán desahogando los juicios de amparo y los recursos de queja pertinentes en los juzgados de distrito con el fin de blindar el ejercicio constitucional del Ejecutivo de Chihuahua.



