Revelan permisos de casinos otorgados a empresas vinculadas a Amílcar Olán

México.- Una investigación difundida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Manuel Marcué Díaz, exdirector de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, autorizó la captación de apuestas por internet a dos empresas relacionadas con el entorno familiar y de negocios del empresario Amílcar Olán Aparicio.

De acuerdo con el reporte, la autorización fue otorgada el 28 de junio de 2023, apenas un día antes de que Marcué Díaz dejara la titularidad de la Dirección General de Juegos y Sorteos.

Red de vinculaciones y antecedentes:

Permisos de apuestas y casinos:

Apuestas en línea: Marcué autorizó a las empresas “Superjuegos Robin” y “Luxury de México” para captar apuestas por internet a través de los portales betwarrior.mx y betwarrior.com.mx.

Ampliación de concesión en Chihuahua: En marzo de 2023, el mismo funcionario extendió hasta el año 2039 el permiso a “Superjuegos Robin” para la operación de un casino en el estado de Chihuahua.

Nexos con Amílcar Olán:

En las actas mercantiles, Jesús Medina Córdova (contador de Amílcar Olán) figura como comisario de ambas empresas (Luxury de México y Superjuegos Robin).

Don Amílcar Aparicio Sánchez, abuelo materno del empresario, integró el consejo de administración de Luxury de México hasta el año 2024, cuando contaba con 84 años de edad.

Anteriormente, cuando Marcué se desempeñó como administrador de la Secretaría de Salud de Tabasco (bajo la gestión de Adán Augusto López), otorgó contratos por más de 214 millones de pesos a la empresa Romedic, propiedad de Olán.

SOCIOS Y ANTECEDENTES EMPRESARIALES:

La investigación señala a Víctor Hugo Rosales Angulo como integrante del consejo de Luxury de México. Rosales es además socio de Amílcar Olán en un desarrollo inmobiliario de lujo en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Rosales Angulo cuenta con antecedentes de investigación por parte de la extinta PGR durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por señalamientos vinculados al caso Oceanografía y un esquema de subcontratación (outsourcing) ilegal relacionado con los casinos Big Bola (de los hermanos Rodríguez Borgio), Caja Libertad y Grupo Gasolinero Mexicano.