
CHIHUAHUA, Chih.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván, acusó públicamente a su predecesor, el exmandatario Javier Corral Jurado, de haber utilizado un esquema irregular de financiamiento con cargo al erario estatal para sufragar consumos personales de índole privada. Durante una entrevista televisiva, la jefa del Ejecutivo estatal afirmó que las auditorías internas documentaron el uso de una tarjeta de crédito comercial cuyos saldos por compras de lujo y viáticos particulares eran presuntamente reembolsados de forma directa por la Secretaría de Hacienda local.
Campos Galván ligó estas conductas con los expedientes judiciales que mantiene la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del exgobernador, señalando que estos hallazgos forman parte de las carpetas de investigación vigentes por delitos patrimoniales.
Durante su intervención en el espacio informativo conducido por la periodista Adela Micha, la gobernadora detalló el mecanismo financiero que presuntamente operaba durante la pasada administración estatal:
Consumos de lujo: De acuerdo con la mandataria, el exgobernador utilizaba un plástico bancario comercial para realizar compras en establecimientos como el Palacio de Hierro, así como consumos en restaurantes de alta gama en la Ciudad de México y la capital de Chihuahua junto a círculos cercanos.
Operación hacendaria: "Regresaba él a Chihuahua, a la Secretaría de Hacienda, y le hacían, digamos, un 'refill', le reembolsaban todo el dinero en su tarjeta para que pudiera seguir gastando de sus gastos personales", denunció Campos Galván, calificando el actuar como una muestra de "hipocresía institucional".
Al ser cuestionada sobre la viabilidad de los procesos penales y la inmunidad procesal del hoy legislador, la gobernadora enfatizó que las instituciones de procuración de justicia del estado cuentan con los elementos de prueba necesarios para sostener las acusaciones ante los tribunales:
Orden de captura vigente: Campos Galván confirmó que existe una orden de aprehensión vigente y pendiente de ejecución en contra de Corral Jurado por el delito de peculado, el cual involucra un desvío estimado en casi 100 millones de pesos.
Postura ante la inmunidad: Respecto a los mecanismos de protección legal que poseen los servidores públicos, la mandataria se mostró serena sobre su propia condición jurídica: "También estoy en paz, tenga o no tenga fuero, porque sé dónde estoy parada, sé qué hice y sé qué no hice también", puntualizó.
El endurecimiento de la narrativa del Ejecutivo de Chihuahua coincide con los tiempos de revisión de las cuentas públicas estatales, consolidando el caso como uno de los ejes centrales en los debates de fiscalización y combate a la corrupción en la región norte del país.



