
CHIHUAHUA, Chih.– Documentos oficiales emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) revelaron que la revocación de la visa de turista de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, derivó de un asunto legal pendiente ante una corte del estado de Nuevo México, relacionado con una infracción de tránsito menor por la que no se registró una comparecencia judicial formal. Tras la difusión de las actas de control migratorio, la lideresa morenista emitió un posicionamiento institucional en el que rechazó categóricamente los señalamientos que pretenden ligarla a actividades ilícitas, calificando las intervenciones de legisladores y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) como una estrategia de difamación mediática.
Los protocolos de inspección secundaria en garitas fronterizas, el acopio de los formularios federales de expulsión acelerada y el intercambio de réplicas en los comités ejecutivos locales.
El desglose de las constancias de hechos suscritas por las agencias de control limítrofe y las variables operativas que rigieron el procedimiento administrativo detalla las siguientes incidencias informativas:
Cronología de la detención administrativa: Los registros oficiales exponen que los hechos se suscitaron el pasado 29 de mayo de 2026, cuando Granados de la Rosa intentó ingresar a territorio estadounidense a través de un puerto de entrada terrestre aproximadamente a las 17:00 horas. Tras ser remitida al área de inspección secundaria, los oficiales fronterizos ejecutaron la notificación de cancelación de su documento migratorio.
Contenido del interrogatorio oficial: En la página de continuación del Formulario I-867A, fechada el 30 de mayo de 2026, consta la formulación de los cuestionamientos de los agentes federales relativos a si la ciudadana estaba consciente de que poseer una orden de arresto activa por falta de comparecencia ante un tribunal constituye una infracción a los términos de su estatus de turista. El acta asienta la respuesta de la dirigente estatal, quien manifestó: "Sí. No sabía que tenía una infracción de tránsito pendiente en Nuevo México. La habría atendido si hubiera estado enterada de ella".
Orden de expulsión acelerada: Con base en el hallazgo de procesos judiciales inconclusos en los sistemas de las cortes norteamericanas —mecanismo habitual cuando un citado omite presentarse a las audiencias viales—, el DHS formalizó el 30 de mayo una Notificación y Orden de Expulsión Acelerada bajo el amparo de la sección 212(a)(7)(A)(i)(I) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al argumentar la falta de documentos de admisión válidos para dicho momento procesal. Los documentos probatorios fueron compartidos públicamente por la propia lideresa de la organización política.
En respuesta paralela a la divulgación del caso, Brighite Granados emitió un comunicado oficial dirigido a fijar la postura del Comité Ejecutivo Estatal frente a las declaraciones del diputado federal panista Federico Döring y la dirigente estatal del blanquiazul, Daniela Álvarez. La morenista reviró las acusaciones que pretendían vincularla de forma infundada con conductas delictivas, catalogando las menciones en programas televisivos como un intento de desviar la atención pública de problemáticas estructurales internas de la oposición.
Granados de la Rosa apuntó que el historial de Acción Nacional cuenta con expedientes judiciales plenamente documentados en tribunales nacionales y extranjeros. Hizo alusión directa a la sentencia dictada en la Unión Americana contra Genaro García Luna por vínculos con el narcotráfico; las órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y los procesos penales por asociación delictuosa ligados al denominado Cartel Inmobiliario en la Ciudad de México, donde mencionó las figuras de Christian von Roehrich y Jorge Romero.
De igual manera, el posicionamiento de la dirigente enlistó las investigaciones abiertas en el estado de Morelos referentes a reuniones de alcaldes con organizaciones delictivas, las indagatorias del exgobernador Sergio Estrada Cajigal y los antecedentes históricos del exmandatario Ernesto Ruffo Appel. Al enfatizar que la estructura moral de Morena permanece intacta y que la organización mantiene su disposición de transparentar las actas conducentes ante la sociedad, la funcionaria partidista instó a las fuerzas políticas de oposición a conducir el debate público en el estado con apego estricto a las pruebas materiales y presentar las denuncias conducentes ante las instancias judiciales competentes.



