
CHIHUAHUA, Chih.– La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz fijó una postura crítica en contra de la estrategia de seguridad pública conducida por el Gobierno Federal, al que acusó de mantener una disparidad en el combate a la delincuencia organizada y de ejercer una presunta persecución política en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La política urgió a la Presidencia de la República a aplicar las leyes de forma uniforme y a asumir sus atribuciones exclusivas en el control territorial y fronterizo.
De acuerdo con el desglose discursivo emitido en el marco de las movilizaciones de apoyo a la administración chihuahuense, la exsenadora contrastó los resultados operativos de las agencias federales, señalando una falta de voluntad para intervenir en los polígonos controlados por liderazgos del narcotráfico de alto perfil.
El desglose analítico de las líneas críticas vertidas sobre los sistemas de procuración de justicia en el país detalla las siguientes variables:
Asimetría en la persecución del delito: Gálvez Ruiz cuestionó los criterios de prioridad de las fuerzas armadas y las fiscalías federales, argumentando que mientras se destinan recursos de inteligencia para desmantelar redes de fraude cibernético, se observa una aparente inacción en las rutas y entidades de la periferia norte controladas por el crimen organizado.
Vínculos y expedientes internacionales: La política hidalguense aseveró que la administración central muestra una tendencia a salvaguardar a determinados actores del espectro delictivo y político que cuentan con causas penales abiertas en tribunales del extranjero, debilitando con ello los esquemas de contención que operan los estados..
En su carácter de exlegisladora, Gálvez hizo una exhortación directa a los mandos del Poder Ejecutivo Federal para que ejerzan las atribuciones exclusivas plasmadas en la Carta Magna en lo relativo a la regulación del ingreso de agentes extranjeros y la articulación de las estrategias de seguridad nacional. Instó a las corporaciones a actuar bajo la premisa de "tope donde tope", despojando los operativos de cualquier cálculo de conveniencia partidista o coyuntura electoral.
Al cierre de su alocución, la exaspirante presidencial refrendó su solidaridad con el gobierno de Chihuahua frente a las fricciones de índole competencial que mantiene con las agencias oficiales. Afirmó que las narrativas de persecución gubernamental son instrumentalizadas de forma sistemática para desviar el foco de atención pública de los indicadores de violencia estructural que afectan al territorio nacional, exigiendo el irrestricto respeto a la soberanía de los tribunales locales.



