
Chihuahua.- Guillermo Arturo Zuany Portillo presentó su renuncia como titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE). La dimisión ocurre tras los recientes hallazgos presentados por la Unidad Especializada que investiga los sucesos violentos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, los cuales revelaron la presencia no autorizada de elementos de origen extranjero en instalaciones oficiales.
En rueda de prensa ofrecida la tarde de este martes 12 de mayo, la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de dicha Unidad Especializada, expuso avances significativos en la investigación. De acuerdo con la evidencia presentada, se detectó la presencia de agentes externos en las oficinas de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas; incluso, se documentó que uno de estos elementos portaba un arma larga dentro del recinto oficial.
La fiscal Chávez Villanueva aseguró que las investigaciones apuntan a que diversos funcionarios dentro de la FGE tenían conocimiento pleno de la estancia de estos elementos de origen estadounidense en las instalaciones locales. Esta situación ha puesto bajo escrutinio los protocolos de seguridad y la soberanía de las operaciones de inteligencia en la entidad.
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, emitió un mensaje oficial la tarde del martes respecto a los hechos ocurridos en la Sierra y la posterior infiltración en la Fiscalía. La mandataria instruyó a las autoridades correspondientes a actuar con total rigor, sentenciando que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias y se aplicará la ley “caiga quien caiga”.
La salida de Zuany Portillo marca un punto crítico en la reestructuración de la Fiscalía General del Estado, que enfrenta una presión creciente por transparentar la colaboración con agencias extranjeras tras los operativos de abril. Hasta el momento, no se ha nombrado a un sucesor oficial para la oficina de Operaciones Estratégicas, mientras que la FGE continúa procesando la evidencia administrativa para determinar si existieron omisiones o autorizaciones irregulares por parte de otros mandos superiores.



