
Chihuahua, Chih.— La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua ha interpuesto cerca de 900 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por robo de agua a través de tomas clandestinas en lo que va de la actual administración estatal.
Sin embargo, este delito registra una baja significativa gracias al endurecimiento de sanciones económicas y penales, así como al despliegue de operativos de vigilancia, según informó el director del organismo, Alan Falomir Sáenz.
Las querellas penales se concentran principalmente en conexiones irregulares detectadas en zonas rurales o fuera de la mancha urbana, donde el recurso se extrae en grandes volúmenes para actividades agrícolas.
En estos operativos, el personal de la JMAS asiste en la clausura física de las instalaciones ilegales, mientras que el Ministerio Público da seguimiento a los procesos legales contra los responsables.
Durante el presente año 2026, la detección de nuevos puntos de extracción ilícita ha disminuido notablemente como resultado de la estrategia de fiscalización mantenida en los últimos tres años.
Falomir Sáenz detalló que, aunque los infractores recurren ahora a técnicas más sofisticadas para ocultar la infraestructura, la dependencia conserva cuadrillas permanentes de supervisión técnica en toda la red hidráulica.
Por otra parte, el funcionario aclaró que las conexiones irregulares dentro de la zona urbana —enfocadas usualmente en el abastecimiento doméstico— reciben un tratamiento estrictamente administrativo debido a los menores volúmenes que representan.
Para estos casos, la normatividad interna de la JMAS prevé la aplicación directa de multas económicas sin necesidad de consignar los expedientes ante las instancias penales.
La eficiencia en el control del flujo hídrico responde a la incorporación de herramientas tecnológicas que monitorean en tiempo real los volúmenes transportados por la red de la capital, lo que permite identificar caídas de presión o variaciones anómalas de manera oportuna.
Esta capacidad técnica contrasta con años anteriores, cuando las tomas se conectaban visiblemente a válvulas expulsoras y acueductos principales.
Finalmente, el director refirió que la dotación en la ciudad promedia los 400 litros diarios por habitante, frente a un consumo real estimado en 280 litros.
El margen restante se clasifica como "agua no contabilizada", concepto que abarca desde fugas físicas y fallas de medición hasta el robo del recurso. Para contrarrestar este déficit, la JMAS mantiene programas de sectorización de redes y renovación de medidores comerciales y residenciales.



