
México.- En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como inválido el análisis del CED que llevó a la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional. La mandataria argumentó que el informe carece de rigor científico al realizar una extrapolación hasta 2025 basada en datos de un periodo comprendido entre 2009 y 2017 (correspondiente a los sexenios de Calderón y Peña Nieto). Sheinbaum enfatizó que su administración no ordena ni tolera la desaparición forzada como mecanismo de represión política, diferenciando los crímenes perpetrados por el Estado en el pasado de la violencia actual vinculada mayoritariamente al crimen organizado.
La presidenta desglosó por qué considera que el documento no refleja la realidad del México de 2026:
Muestra Insuficiente: El estudio solo analizó casos en cuatro estados de la República, lo que, según la mandataria, no permite emitir un juicio sobre la situación general del país.
Anacronismo de Datos: El periodo de estudio (2009-2017) ignora las dinámicas actuales. Sheinbaum cuestionó que se proyecten resultados hacia el futuro sin considerar los cambios estructurales de los últimos años.
Sesgo de Información: Denunció que el comité ignoró la documentación enviada por la SRE y Gobernación meses atrás, donde se detallaban avances legislativos y operativos logrados desde 2019.
Un punto técnico central en la respuesta presidencial fue la precisión jurídica del término:
Responsabilidad del Estado: Sheinbaum recordó que, bajo los estatutos internacionales, la desaparición forzada requiere la participación o aquiescencia de agentes del Estado por motivos políticos.
La Postura Oficial: Afirmó que bajo su gobierno "no se permite ni se ordena" este delito, por lo que el informe del CED estaría operando fuera de su propio marco normativo al intentar encuadrar la violencia criminal bajo esta categoría.
Lejos de cerrar la puerta al diálogo, la presidenta anunció una estrategia de comunicación directa con las altas esferas de las Naciones Unidas:
Vía SRE y SEGOB: Ambas secretarías ofrecerán detalles técnicos para refutar el informe y establecerán contacto con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Relación con Colectivos: Sheinbaum fue enfática al separar la disputa diplomática del trabajo de campo. Aseguró que la solidaridad con las madres y padres de familia buscadores permanece intacta y que el sistema de alertas y la Comisión Nacional de Búsqueda continúan operando con prioridad.
Este pronunciamiento ocurre en un lunes 6 de abril especialmente complejo para la administración Sheinbaum, coincidiendo con el megabloqueo de transportistas y agricultores que exigen, entre otras cosas, seguridad en las carreteras. La defensa de la estrategia de seguridad ante la ONU se entrelaza con la presión interna de sectores que denuncian una crisis de violencia persistente en las vías de comunicación del país.
La jornada concluye con el compromiso presidencial de erradicar las desapariciones, pero bajo una narrativa que defiende la soberanía metodológica del Estado mexicano frente a las críticas de expertos internacionales.



