
CDMX.- El Gobierno de México, a través de su Gabinete de Seguridad, rechazó categóricamente las declaraciones del administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien afirmó la existencia de nexos entre autoridades mexicanas y organizaciones dedicadas al narcotráfico. La representación gubernamental sostuvo que dichas afirmaciones carecen de sustento y no reflejan los resultados obtenidos en la estrategia conjunta contra la delincuencia.
A través de una tarjeta informativa emitida de manera conjunta por la Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y la SSPC, el gobierno mexicano respondió a los señalamientos formulados por el funcionario estadounidense durante la Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo, en Orlando, Florida. El documento destaca que la estrategia nacional se fundamenta en los principios de inteligencia, coordinación y cero impunidad, aplicados sin distinción a todas las agrupaciones delictivas.
Como parte de los argumentos presentados por la administración federal para desmentir la supuesta colusión, se destacó la detención de más de 80 servidores y exservidores públicos en operativos recientes, entre ellos siete presidentes municipales en funciones. Asimismo, el Gabinete de Seguridad reportó que, desde el inicio de la actual gestión y hasta el 30 de junio de 2026, se ha logrado la detención de 59 mil 582 personas y el aseguramiento de:
31 mil 366 armas de fuego.
498 toneladas de diversas sustancias ilícitas.
2 mil 363 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo.
La inhabilitación de 2 mil 627 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.
Este intercambio ocurre en un escenario de creciente complejidad bilateral en materia de seguridad. Entre los antecedentes recientes destaca la presentación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 por parte de la Casa Blanca en mayo pasado, la cual catalogó al fentanilo como un arma de afectación masiva y anunció la reestructuración de sus agencias de investigación criminal en una fuerza unificada denominada Homeland Security Task Force (HSTF).
A la par de estos lineamientos, subsisten diferendos por los cargos judiciales presentados en Nueva York contra exfuncionarios del estado de Sinaloa por presunta protección a grupos delictivos, acusaciones sobre las cuales el gobierno mexicano ha señalado la ausencia de pruebas públicas documentadas.
Finalmente, la relación bilateral enfrenta aclaraciones pendientes en torno al traslado a territorio estadounidense de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024. Luego de reportes sobre la exhibición de la aeronave utilizada en dicho traslado como parte de un operativo propio del FBI, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó formalmente por la vía diplomática una aclaración sobre los hechos, enfatizando que una intervención no coordinada constituiría una vulneración a la soberanía nacional, sin que esto implique la suspensión de la cooperación internacional entre ambas naciones.



