
Oaxaca.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, descartó solicitar licencia a su cargo tras el homicidio del comunicador Alejandro Leyva Aguilar, señalando la ausencia de elementos probatorios directos que lo vinculen con los hechos y manifestando la disposición del Ejecutivo estatal para colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso adquirió relevancia nacional debido a antecedentes de denuncias previas por amenazas interpuestas por la víctima contra funcionarios estatales.
Los detalles de las declaraciones oficiales, los antecedentes jurídicos del caso y el contexto institucional se desglosan a continuación:
Declaraciones del Ejecutivo estatal y postura procesal:
Solicitud de licencia: El mandatario estatal confirmó que continuará en el ejercicio de sus funciones al argumentar la falta de señalamientos probatorios directos dentro de la indagatoria.
Colaboración con la justicia: Aseguró que los integrantes de su administración atenderán los requerimientos de la FGR en caso de ser citados a comparecer durante el desarrollo de la investigación.
Antecedentes del homicidio y denuncias previas:
Sucesos: Alejandro Leyva Aguilar, de 60 años de edad y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio, falleció en un ataque directo con arma de fuego en el municipio de San Pablo Etla.
Denuncias formales: En julio de 2025, el periodista presentó denuncias ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la FGR en contra del gobernador Salomón Jara Cruz, del secretario de Gobierno, Jesús Romero, y del consejero jurídico, Giovanni Vázquez Sagrero, por presuntas amenazas.
Atracción del caso: La Fiscalía General de la República asumió la conducción de las investigaciones sobre el deceso del comunicador.
Contexto administrativo e institucional:
Aclaraciones sobre libertad de prensa: Durante un encuentro con medios de comunicación, el Ejecutivo reiteró el compromiso institucional de respetar la labor periodística y la libertad de expresión.
Antecedentes políticos: Las declaraciones se dan tras procesos recientes de evaluación gubernamental y reorganizaciones en la estructura del gabinete estatal.



