
Argentina.- La Fiscalía General de la República (FGR) prepara la formalización de la solicitud de extradición de Fernando Farías Laguna, señalado como presunto líder de una red de "huachicol fiscal". La decisión ocurre luego de que el gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, rechazara la deportación o expulsión directa del imputado, obligando a las autoridades mexicanas a seguir el cauce diplomático previsto en los tratados internacionales.
Farías Laguna, quien fue detenido en Buenos Aires el pasado 23 de abril de 2026 tras ingresar con documentación falsa, cuenta con una ficha roja de Interpol. Se le vincula con delitos de delincuencia organizada y violaciones a la Ley de Hidrocarburos por encabezar, presuntamente, un esquema de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia puertos mexicanos como Altamira y Tampico.
El proceso legal se encuentra en una etapa crítica debido a los plazos establecidos y las maniobras legales de la defensa:
Plazo Fatal: La FGR tiene como fecha límite el 21 de junio de 2026 (60 días naturales tras la detención) para formalizar la petición de extradición ante el sistema judicial argentino.
Argumento de la Defensa: El abogado Epigmenio Mendieta, representante de Farías Laguna, ha tramitado una solicitud de asilo político en Argentina, alegando supuestos riesgos contra la vida de su cliente en territorio mexicano para frenar el traslado.
Modus Operandi: La red criminal presuntamente simulaba la importación de aditivos químicos para evadir el pago de impuestos correspondientes a hidrocarburos, utilizando aduanas marítimas estratégicas.
El arresto de Farías Laguna ha captado la atención pública no solo por la magnitud del presunto fraude fiscal, sino por su vínculo familiar, al ser identificado como sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Este parentesco ha incrementado el escrutinio sobre el manejo del caso y la transparencia de las investigaciones por parte de la FGR.
Actualmente, el imputado permanece bajo custodia de las autoridades argentinas en espera de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de México presente la documentación necesaria. De no formalizarse la petición antes del 21 de junio, el proceso de detención con fines de extradición podría quedar sin efecto, permitiendo que la defensa solicite la libertad del detenido.



