
CHIHUAHUA, Chih.– El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, confirmó que la gobernadora constitucional del estado, María Eugenia "Maru" Campos Galván, atenderá en estricto apego al marco legal el requerimiento formulado por la Fiscalía General de la República (FGR), haciendo valer las prerrogativas y la protección jurisdiccional que le otorga el fuero constitucional en su calidad de jefa del Ejecutivo local. De acuerdo con el informe oficial emitido este lunes 25 de mayo de 2026, la mandataria fue notificada formalmente para presentarse el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas en las instalaciones de la delegación federal de la FGR en Ciudad Juárez.
El segundo a bordo de la administración estatal calificó el despliegue operativo de la fiscalía federal como un acto de hostigamiento y desvío de las funciones sustantivas de procuración de justicia, asimilando la estrategia procesal con dinámicas de persecución política ejecutadas en anualidades previas por el exgobernador Javier Corral Jurado.
El desglose de los argumentos técnicos externados por la Secretaría General de Gobierno respecto a la recepción del mandamiento federal registra las siguientes variables operativas:
Inconsistencia en horarios laborales ordinarios: De la Peña Grajeda expuso que el acto de notificación generó extrañeza institucional al haber sido ejecutado por el personal ministerial federal durante la tarde del pasado sábado, una franja horaria ajena al calendario administrativo ordinario de las dependencias. Apuntó que la diligencia pudo desahogarse de forma directa debido a que la gobernadora se encontraba en funciones laborales extraordinarias junto a su equipo técnico en el Palacio de Gobierno.
Retórica de persecución sistemática: La vocería del gabinete estatal enmarcó el expediente actual en una constante de uso faccioso de las fiscalías, argumentando que Campos Galván posee un historial de confrontación legal resuelto favorablemente ante los tribunales, haciendo alusión directa a los procesos instrumentados durante la gestión estatal antecedente.
El desahogo de esta comparecencia en el presente mes de mayo de 2026 se sujetará a los protocolos vigentes de inmunidad procesal penal que rigen a los titulares de los Ejecutivos estatales. Especialistas en derecho constitucional explicaron que el fuero impide cualquier medida restrictiva de la libertad o vinculación directa sin el agotamiento previo de un juicio de procedencia ante el Poder Legislativo, operando el citatorio en calidad de aportación informativa presencial.



