Por matar a su bebé de tres meses le dan 42 años de cárcel

CHIHUAHUA, Chih.– Un Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al Distrito Judicial Morelos emitió un fallo condenatorio con una penalidad corporal de 42 años de cárcel en contra de Andrés Alejandro B. M., tras declararse su responsabilidad penal plena en el delito de feminicidio agravado cometido en perjuicio de una lactante de tres meses de edad. 

Las carpetas de litigación desahogadas por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) comprobaron que el sentenciado ejerció actos sistemáticos de violencia física y asimetría de poder, instruyendo la autoridad judicial su reclusión definitiva en las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán.

Acreditación de las conductas delictivas: Las bitácoras del ministerio público asentaron que los hechos se registraron en un periodo comprendido entre el 21 de octubre y el 1 de diciembre de 2023. Durante este transcurso, el imputado ejecutó de forma continua conductas abusivas de poder al interior del núcleo residencial, traduciéndose en agresiones físicas directas en contra de su descendiente directa, rompiendo los principios elementales de tutela, cuidado y protección civil que mandatan las leyes vigentes del estado.

Sustento pericial y mecanismos de trauma: El dictamen emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento validó las pruebas presentadas por la representación social, las cuales acreditaron que la menor sufrió una pérdida de la vida derivada de un choque fisiológico severo por fracturas diversas, traumatismo craneoencefálico y edema cerebral. Los informes periciales en las disciplinas de criminalística de campo, medicina legal y química forense resultaron determinantes para desvirtuar la presunción de inocencia, concatenando las lesiones corporales con la acción directa del sentenciado.

Emisión de la ejecutoria de sanciones corporales: Al concluir la audiencia de individualización de penas, el tribunal dio lectura formal a las actas explicativas, fijando la temporalidad exacta de la privación de la libertad y amonestando de forma pública las conductas del infractor. El documento ordena la pérdida de los derechos civiles del sentenciado y establece los montos económicos obligatorios destinados a cubrir los rubros de indemnización y gastos funerarios en favor de las víctimas indirectas de la esfera familiar.