
CHIHUAHUA, Chih.– La Fiscalía General de la República (FGR) remitió un oficio formal al Congreso del Estado de Chihuahua para solicitar que se investigue a un integrante de la legislatura local por la presunta comisión de un delito derivado de la presentación de un exhorto en la tribuna. El requerimiento federal fue calificado por la representación parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) como un hecho inédito que vulnera la soberanía del Poder Legislativo del estado, formalizándose el diferendo institucional.
La existencia del documento fue notificada de manera pública por el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, quien omitió detallar la identidad del diputado involucrado o el sentido del dictamen que generó la intervención de la autoridad judicial federal.
El desglose analítico de las posturas jurídicas expuestas por la coordinación legislativa detalla las siguientes variables normativas:
Defensa de la libertad parlamentaria: El líder de la fracción del PAN argumentó que es la primera ocasión en la historia parlamentaria de la entidad que una fiscalía reconviene a un diputado por sus dichos en la tribuna. "No puedo revelar detalles porque tengo que contestar este oficio y les vamos a dar clases, junto con el presidente del Congreso, de derecho constitucional", externó el legislador ante los medios.
Mecánica del origen procesal: Chávez precisó que el incidente derivó originalmente de un exhorto legislativo formal que el Congreso local dirigió a la FGR. En respuesta a dicha soberanía, la institución federal remitió una contrademanda a manera de explicación y la solicitud de investigación criminal.
Inexistencia de alcances jurídicos: El coordinador panista detalló que el oficio fue recibido formalmente el pasado martes 26 de mayo. Subrayó que, tras un análisis jurídico preliminar, se determinó que no existe ningún alcance o viabilidad legal en contra del legislador en cuestión debido al principio de inviolabilidad parlamentaria.
Las mesas de control de la Mesa Directiva procedieron al registro del oficio para la formulación de la contestación legal conducente.
El bloque de Acción Nacional enmarcó esta acción dentro de un ecosistema de presiones por parte de las dependencias de la federación contra el estado. "¿No están amenazando a la Gobernadora? ¿No están las instituciones de Morena volcándose contra las instituciones de Chihuahua, contra este Congreso, contra esta soberanía?", cuestionó el diputado Chávez.
El legislador insistió en calificar el acto como una medida coercitiva al declarar que la fiscalía pretende que el propio Congreso local realice las funciones de investigación de un delito inexistente. La Mesa Directiva coordinará los argumentos jurídicos de respuesta institucional.



