Periodista presenta denuncia ante Corte Penal Internacional por violencia en Guerrero

LA HAYA, Países Bajos.– La periodista y defensora de derechos humanos de origen amuzgo, Marcela de Jesús Natalia, interpuso una denuncia penal formal ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del Estado mexicano, autoridades de los tres órdenes de gobierno y la organización delictiva denominada "Los Ardillos". El documento solicita de manera formal la apertura de un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad, derivados de ataques sistemáticos y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en la región de la Montaña Baja del estado de Guerrero. El recurso fue ingresado en la sede judicial europea.

La petición formal, dirigida al fiscal jefe de la CPI, Karim Ahmad Khan, argumenta que los hechos delictivos denunciados cumplen a cabalidad con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 17 del Estatuto de Roma, señalando una presunta falta de disposición genuina o incapacidad del aparato de justicia mexicano para procesar penalmente estas conductas.

Fundamentos del Estatuto de Roma y principio de complementariedad

El desglose técnico de los criterios jurídicos de rango internacional contenidos en el pliego petitorio detalla las siguientes variables procesales:

Invocación del Artículo 17: El equipo legal de la promovente sustentó la admisibilidad del caso bajo el numeral 1, inciso a) del Estatuto de Roma. Dicha cláusula estipula que un asunto internacional es procedente cuando las fiscalías locales del Estado que ostenta la jurisdicción primaria no muestran voluntad o se encuentran imposibilitadas materialmente para sustanciar investigaciones y enjuiciamientos efectivos.

Tipificación de la conducta sistemática: El escrito judicial detalla la comisión de asaltos generalizados contra la población civil indígena nahuas en comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez —actualmente bajo la administración de la presidenta municipal Mercedes Carballo Chino—. Las conductas integradas comprenden amenazas colectivas, homicidios, desaparición forzada de personas y persecución por motivos étnicos.

Antecedentes de desplazamiento, agresiones de mayo e implicaciones políticas

Las agencias internacionales de observación en derechos humanos registraron las variables geográficas y los antecedentes de la promovente antes del cierre de esta jornada.

Marcela de Jesús Natalia, originaria del municipio de Xochistlahuaca, cuenta con un historial de protección internacional tras haber sobrevivido a un atentado con armas de fuego el 3 de junio de 2017 al salir de las instalaciones de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec. A consecuencia de dicha agresión, la locutora se vio obligada a optar por el exilio y el desplazamiento forzado fuera de la entidad, sumando al mes de mayo de 2026 un periodo de nueve años de destierro permanente de su territorio de origen.

La denuncia penal incorpora de forma complementaria las bitácoras operativas emitidas por el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). El organismo adscrito al Congreso Nacional Indígena documentó que entre el 6 y el 11 de mayo del presente año, al menos cuatro comunidades nahuas del municipio de Chilapa sufrieron incursiones con armas de alto poder y artefactos explosivos de manufactura artesanal, dejando un saldo verificado de seis personas fallecidas, seis civiles heridos y el traslado forzoso de aproximadamente 2 mil pobladores originarios.

La denunciante argumentó formalmente ante la fiscalía de La Haya que las dependencias de la administración estatal, encabezadas por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, comparten responsabilidad legal en el detrimento del tejido social al permitir el libre actuar de las células delictivas locales, concluyendo los trámites documentales y de notificación consular.