
CHIHUAHUA, Chih.– El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, formalizó la presentación de una iniciativa de reforma constitucional integral que busca instaurar la nulidad automatizada de cualquier proceso electoral en la entidad donde se compruebe la participación de candidatos con vínculos o financiamiento del crimen organizado.
El planteamiento normativo busca elevar este mandato al texto constitucional local, fijando criterios de fiscalización penal aplicables desde el nivel de regidurías y sindicaturas hasta la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, bajo el argumento de blindar las estructuras de la función pública y romper los esquemas de infiltración en las urnas.
Mecánica de votación en el pleno: Las bitácoras técnicas del Poder Legislativo estipulan que, por tratarse de una modificación estructural a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el dictamen requiere para su aprobación la validación de una mayoría calificada equivalente a 22 votos de los legisladores presentes. Ante este indicador, el iniciador del proyecto lanzó un exhorto institucional a la fracción parlamentaria del partido Morena para que acompañe el sentido del dictamen en las comisiones de dictaminación, argumentando que la propuesta atiende a una demanda de certeza jurídica transpartidista.
Justificación técnica del blindaje institucional: Chávez Madrid enfatizó en tribuna que la medida no obedece a un cálculo de rentabilidad electoral o coyuntura partidista, sino que responde a la necesidad de fijar seseñas de control ante la falta de una legislación análoga en el plano de la federación. La iniciativa prevé dotar al Tribunal Estatal Electoral (TEE) y a los laboratorios judiciales de los elementos probatorios necesarios para invalidar las constancias de mayoría cuando se acrediten afectaciones al orden democrático por intervención de células de la delincuencia.
Cumplimiento de las sentencias del tribunal constitucional: El paquete de reformas constitucionales incorpora de forma obligatoria el principio de paridad total de género para los subsecuentes procesos de renovación de la gubernatura del estado. Este componente técnico se adhiere en estricto acatamiento a las directrices y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), obligando a las tripulaciones de los partidos políticos a alternar las postulaciones del Ejecutivo en los ciclos venideros.



