
La violencia política en Oaxaca cobró una nueva víctima. Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado a balazos por un grupo armado dentro de su propio domicilio el pasado sábado 13 de junio.
El edil, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), ya había sobrevivido a un atentado previo y, según versiones de actores políticos y medios locales, había solicitado protección a las autoridades estatales apenas unas semanas antes, la cual aparentemente nunca llegó. Con este crimen, el estado acumula cinco alcaldes o alcaldes electos ejecutados desde el año 2022.
Tras el ataque en San Miguel Amatitlán, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desplegó un operativo en la región de la Mixteca para intentar dar con los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se reporta ninguna persona detenida.
Este homicidio ocurre en un contexto crítico de seguridad: Oaxaca se mantiene entre los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos en el país, un panorama que ya ha encendido las alarmas de organizaciones civiles y el gobierno federal.
La violencia contra las autoridades municipales en Oaxaca no es un hecho aislado; ha golpeado de manera sistemática a distintas regiones de la entidad:
Lilia Gema García Soto (Junio 2025): La presidenta municipal de San Mateo Piñas (Sierra Sur) fue acribillada por un comando armado dentro del Palacio Municipal. En el ataque también murió un funcionario local.
Mario Hernández García (Mayo 2025): El edil de Santiago Amoltepec fue emboscado y asesinado junto a sus acompañantes mientras transitaba por una carretera de la Sierra Sur.
Román Ruiz Bohórquez (Octubre 2024): El presidente municipal de Candelaria Loxicha perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca.
Crispín Hernández Vásquez (Noviembre 2022): Fue asesinado semanas antes de rendir protesta como alcalde electo de San Pedro Mixtepec, bajo el sistema de usos y costumbres.
Los ataques cometidos en las regiones de la Costa, la Sierra Sur y la Mixteca evidencian la vulnerabilidad en la que operan los gobiernos locales en Oaxaca. A pesar de que las circunstancias de cada caso varían —desde emboscadas hasta ataques directos en sus hogares o sedes gubernamentales—, la constante sigue siendo la impunidad y la falta de garantías para quienes asumen el liderazgo de sus comunidades.



