
CIUDAD DE MÉXICO.– El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) determinó la aplicación de sanciones económicas por un monto global de 777.8 millones de pesos y la suspensión temporal por un periodo de diez años para el ejercicio de cargos en el servicio público en contra de cuatro exfuncionarios de la entidad Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Las resoluciones jurisdiccionales corresponden al desahogo de expedientes de fiscalización por irregularidades administrativas detectadas durante el ejercicio fiscal de 2019, vinculadas con la ejecución presupuestaria de los programas de apoyo al sector agrícola.
Mecánica de la irregularidad financiera: Las auditorías técnicas arrojaron que los cuatro exfuncionarios sancionados incurrieron en un exceso en el ejercicio de los recursos públicos asignados originalmente al Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.
Asimismo, las investigaciones acreditaron la reorientación indebida de los fondos de dicho esquema social para canalizarlos a la adquisición de fertilizantes sin la debida autorización reglamentaria. Cabe señalar que la estructura institucional de Segalmex fue modificada bajo el diseño de la presente administración federal, transformándose en el organismo Alimentación para el Bienestar (Alibien).
Difusión del informe de fiscalización: La resolución fue integrada y dada a conocer de manera oficial por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia bajo la titularidad de Raquel Buenrostro.
Mediante un informe detallado, la institución notificó las determinaciones del TFJFA como parte de los ejes de supervisión a las conductas de los servidores de la administración pública.
Sanciones adicionales en el sector eléctrico y migratorio: El documento oficial de la Secretaría Anticorrupción recopila otras determinaciones administrativas de menor cuantía en comparación con el expediente de Segalmex.
Entre ellas se documentó el caso de una servidora del Instituto Nacional de Migración (INM), sancionada con una multa de mil 300 pesos y un año de inhabilitación por la sustracción de bienes propiedad del organismo. De igual forma, en la Zona de Torreón, Coahuila, un exfuncionario de nombre Ramiro “N” recibió una penalización de 9 mil pesos y un año de suspensión tras acreditarse la aceptación de gratificaciones económicas a cambio de reducir adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Resolución por faltas en el sector salud e indexación: En el estado de Jalisco, se decretó la inhabilitación por un año de un empleado adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a la ejecución no autorizada de un procedimiento de rayos X en la zona pélvica de una paciente.



