
CHIHUAHUA, CHIH.– La gobernadora del estado de Chihuahua emitió un posicionamiento institucional para objetar el rechazo, por parte del bloque parlamentario de Morena en el Congreso local, de una propuesta de reforma orientada a establecer restricciones de elegibilidad para candidaturas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La titular del Ejecutivo advirtió que la omisión de este instrumento normativo impacta de forma directa en las condiciones de seguridad y certidumbre jurídica proyectadas para los procesos electorales previstos en el año 2027.
Objetivo de la restricción normativa: De acuerdo con las precisiones institucionales emitidas durante la tarde del miércoles, la reforma electoral del estado bajo análisis técnico tenía como propósito central inhabilitar legalmente la participación de actores políticos que sostengan nexos o acuerdos con organizaciones criminales.
Señalamiento de vulnerabilidad en candidaturas: La mandataria calificó como grave el desenlace de la votación ocurrida el martes en el Congreso del Estado, argumentando que la negativa de la fracción de Morena imposibilitó el establecimiento de un blindaje legal preventivo.
Sostuvo que, bajo el escenario normativo actual, perfiles con presuntas relaciones delictivas mantienen la facultad jurídica de aspirar y competir por cargos de elección popular en las siguientes jornadas de votación.
Estrategia conjunta contra factores de riesgo: La gobernadora enfatizó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propia oficina del Ejecutivo han mantenido un esquema de combate constante contra las dinámicas delictivas que amenazan la paz pública.
Advirtió que la determinación legislativa representa un factor de riesgo para la estabilidad que la entidad ha procurado consolidar a través de sus corporaciones policiales y de investigación.



