
Estudios revelan que más del 34% de la producción nacional se pierde en las cadenas de distribución y comercialización.
CIUDAD DE MÉXICO. México registra una pérdida estimada de 38 toneladas de alimentos por minuto, de acuerdo con los indicadores más recientes sobre seguridad alimentaria y sustentabilidad en el país. Este volumen representa que más de una tercera parte de la producción agropecuaria total nacional no llega a la mesa de los consumidores, lo que genera un impacto significativo en la economía y el abasto de insumos básicos.
Las mermas en el sector agroalimentario ocurren de manera transversal a lo largo del proceso logístico. Los especialistas señalan que el problema no radica en la capacidad de producción del campo mexicano, sino en la infraestructura postcosecha.
Los factores clave que detonan este desperdicio incluyen:
Problemas de logística: Deficiencias en los sistemas de transporte y la falta de camiones con sistemas de refrigeración adecuados.
Almacenamiento inadecuado: Espacios de acopio que carecen de tecnologías para conservar la frescura de frutas, verduras y productos cárnicos.
Criterios de comercialización: Estándares estéticos estrictos en los supermercados que descartan productos aptos para el consumo humano por cuestiones de apariencia.
El volumen de alimentos desechados anualmente equivale a miles de millones de pesos en pérdidas para el sector agrícola. Además del factor financiero, los centros de investigación destacan la contradicción social que esto representa, dado que el alimento desperdiciado sería suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de la población en situación de vulnerabilidad alimentaria en el país.
Asimismo, esta situación genera una presión innecesaria sobre los recursos naturales, debido al uso de agua, energía y extensiones de tierra empleados en productos que finalmente terminan en los vertederos.
Para mitigar este indicador, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales promueven el fortalecimiento de la Red de Bancos de Alimentos de México. Esta iniciativa busca rescatar los excedentes aptos para el consumo directamente de los campos y centros de distribución para canalizarlos a comunidades prioritarias.
De igual forma, se impulsa la creación de leyes e incentivos fiscales para que las cadenas comerciales y de restaurantes donen formalmente sus excedentes antes de que pierdan su vida útil.



