
Chihuahua.-El edil capitalino calificó como un retroceso democrático la decisión de la Suprema Corte que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa. Para Bonilla Mendoza, esta medida otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo que vulneran el debido proceso.
El presidente municipal desglosó su preocupación en tres ejes fundamentales:
Debilitamiento de contrapesos: Al permitir que una autoridad administrativa (UIF) bloquee recursos sin el aval de un juez, se elimina la intervención del Poder Judicial en la etapa inicial, lo que el alcalde describe como una subordinación institucional.
Vulneración del patrimonio: Cuestionó la desprotección del ciudadano, quien puede ver inmovilizados sus fondos sin conocer las acusaciones ni tener la oportunidad de defenderse previamente, afectando la presunción de inocencia.
Comparativa política: El alcalde lanzó una advertencia severa al comparar estas prácticas con políticas implementadas por el expresidente de EE. UU., Donald Trump, señalando que México se encamina hacia un escenario de autoritarismo si no se preservan las libertades frente al argumento de la seguridad.
Mientras la SCJN establece que el congelamiento es una medida administrativa preventiva contra el lavado de dinero, la administración municipal de Chihuahua sostiene lo siguiente:
Seguridad vs libertad: "Vamos que volamos hacia escenarios donde se vulneran derechos fundamentales bajo el argumento de la seguridad", sentenció Bonilla.
Apego a la Ley: El edil insistió en que la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales es necesaria, pero nunca debe realizarse menoscabando las garantías individuales o el patrimonio de los ciudadanos.
Esta crítica ocurre en un momento donde el alcalde ha mantenido una postura firme en defensa de la autonomía municipal y el fortalecimiento de las instituciones locales.
Impacto Regional: Se espera que esta postura genere reacciones entre las cámaras empresariales del estado (como CANACO y COPARMEX), quienes históricamente han abogado por la certeza jurídica en el sistema financiero.
Próximas Acciones: El alcalde hizo un llamado a legisladores y sociedad civil para mantenerse vigilantes ante posibles abusos derivados de esta nueva interpretación jurídica de la Corte.



